El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha transformado en sumario las diligencias previas del 'caso Faisán', el presunto "chivatazo" a la organización terrorista ETA en mayo de 2006 , al considerar que se trata de un posible delito de revelación de secretos por parte de autoridad o funcionario público y otro delito de colaboración con banda armada. El magistrado ha ordenado además nuevas diligencias, en contra del criterio de la Fiscalía, que había solicitado el sobreseimiento de la causa.
En un auto dictado hoy por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Ruz advierte de que en el aviso que se hizo la organización armadas de la operación que se ha iba a llevar a cabo fue presuntamente realizado por miembros del Cuerpo nacional de Policía "tendente a evitar la detención, junto con las posteriores diligencias policiales y judiciales, de determinadas personas que estaban siendo investigadas" por su relación con el aparato de extorsión de ETA.
En este sentido, el magistrado advierte de que con la "delación policial" sobre Joseba Elosúa, dueño del bar Faisán, de Irún se "trataba de evitar la inminente detención" del etarra José Antonio Cau Aldanur, enlace de ETA para el cobro del denominado impuesto revolucionario, así como de otras personas que estaban siendo investigadas tanto en Francia como España.
En su escrito, Ruz advierte además de que "considera precipitado" pronunciarse sobre el sobreseimiento de las actuaciones, como solicitaba el Ministerio Fiscal y las defensas máxime cuando concurren "motivos suficientes que deben obligar a una transformación del procedimiento para que el mismo continúe por los trámites del sumario". El juez ordena además nuevas diligencias que hacen además "incompatible" el sobreseimiento provisional.
Nueva declaración de los testigos
En concreto, para la completa instrucción de la causa, pide que vuelvan a declarar como testigos a dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía, Enrique Pamiés y José María Ballesteros, y al periodista, Jesús María Zuloaga, por haber mantenido una conversación con el comisario del CNP en el País Vasco.
Asimismo, pide que se haga un croquis y una infografía animada con la secuencia de los hechos , se explica que la metodología seguida para acotar las 1.932 llamadas sospechosas en un total de 63 llamadas. Además, pide un informe que determine si se pudieron haber producido llamadas de móvil desde el bar Faisán que no hubieran sido investigadas por estar en operadores franceses.
Junto a todo ello, ordena se informe sobre la existencia de cortes en las cintas de video "que cubran, en su caso, el período temporal en que se fije la salida del bar del individuo que establece contacto con Joseba Elosua" y pide que se certifique la cadena de custodia seguida sobre las grabaciones. En este sentido, solicita que se determine si los cortes en la imagen que aparecen en la cinta "son simultáneos a la grabación original o si se producen con posterioridad, así como la intencionalidad o accidentalidad de los mismos". El juez Ruz pide además que se analicen las grabaciones efectuadas sobre el bar los cinco días previos y posteriores a la operación policial.
Por último, advierte a los imputados que para su defensa identifiquen en un plazo no superior a los diez días revelen la identidad del miembro de ETA que presuntamente ejercía de confidente y con quien Pamiés iba a mantener una reunión en Francia.
