La consejera vasca de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, ha asegurado que el Gobierno "no va a dar nada al PNV" a cambio de su apoyo a los presupuestos generales del Estado "que esté negando al Gobierno vasco" en su negociación sobre la transferencia de las políticas activas de empleo. Zabaleta se ha referido a la polémica de los últimos días sobre este traspaso, que el PNV ha puesto como condición para sentarse a negociar los presupuestos del Estado del próximo año.
La consejera ha asegurado que "lo que nunca va a hacer el Gobierno español es admitir la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, que es el límite que también pone el Gobierno vasco, y ningún otro," en la negociación. Zabaleta ha dicho que en esa negociación entre las dos administraciones hay "dos líneas rojas: Una, que no se rompa la caja única, porque es un precepto constitucional, y la otra es que no se van a aceptar vetos que retrasen una transferencia que la sociedad vasca necesita, especialmente las personas paradas".
Ha asegurado que el Gobierno vasco se está guiando en su actuación por el "terreno de juego que marca el Estatuto de autonomía y los acuerdos parlamentarios", por lo que "nunca" dará por cerradas las negociaciones "en cuanto no se cumpla el cien por ciento" de lo que dice el Estatuto de Gernika. La consejera ha matizado que no va a mantener posiciones "maximalistas en cuanto a los objetivos" y que "jamás" va a renunciar a nada que "sea del interés de los vascos", por lo que no descarta que se pueda cerrar el traspaso de la competencia, con algunas cuestiones abiertas.
Ha explicado que el acuerdo entre Vitoria y Madrid está "prácticamente cerrado" en las cuestiones técnicas en las que no hay debate sobre si tocan o no materias relacionadas con la Seguridad Social. "Ésta es una transferencia extraordinariamente compleja, no sólo desde el punto de vista político sino también técnico", ha recordado. Zabaleta ha lamentado que el PNV se centre sólo en "cuándo" se produce la transferencia y en "cuánto" se valora económicamente, porque tan importante o más es "para qué" se quiere la competencia.
El Gobierno vasco, ha explicado, va a poner en marcha unas políticas activas vinculadas a las pasivas, "como se hace en Europa", con un servicio vasco de empleo, Lanbide, que gestionará la Renta de Garantía de Ingresos de las personas que están fuera del mercado de trabajo con el objetivo de que puedan volver a él. Sobre las discrepancias en torno a la valoración económica de la transferencia, ha reiterado que el "suelo" son 300 millones de euros, que es lo que corresponde a las materias sobre las que no hay duda que no afectan a la caja única, pero ha aclarado que es una cantidad que subirá conforme se logren acuerdos sobre materias menos explícitas.
Ha subrayado que la valoración económica "no es tan sencilla" como aplicar el coeficiente del País Vasco en el gasto del conjunto del Estado, el 6,24%, al presupuesto del Inem, unos 7.000 millones de euros, como hace el PNV cuando habla de los 480 millones. "Hay parte de los presupuestos del Inem que después se devuelve a la Seguridad Social, como las bonificaciones que reciben los empresarios por contratar", ha explicado.
La consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Patxi López se ha alegrado de que el PNV se sume a la negociación de esta transferencia, después de que "haya estado 25 años gobernando, haya apoyado los presupuestos generales del Estado en innumerables ocasiones y la hubiera vetado hace un año". Ha rechazado la expresión de dirigentes nacionalistas de que no aceptarán una transferencia que sea "mercancía averiada, porque la única mercancía averiada es no haber materializado esta transferencia en 25 años".
Ha concluido que su Departamento tiene "todo preparado" para que cuando se produzca el traspaso, que "no se puede retrasar más de septiembre", Lanbide entre en funcionamiento "innovando en las políticas activas, no como un instrumento administrativo sino como un prestador de servicios que compita con las agencias privadas de colocación".
