La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, conversa con el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, al inicio de la Junta Directiva Nacional del partido celebrada esta mañana en Madrid. En el centro, la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho. / Efe
Caamaño no duda del cumplimiento de la ley
La nueva ley del aborto ha entrado en vigor con el texto recurrido en el Tribunal Constitucional por el PP y la Comunidad de Navarra y con polémica por las declaraciones del presidente de Murcia. El 'popular' Ramón Luis Valcárcel ha asegurado que "de momento no hay razones" para acatar la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo porque aún no se ha resuelto "todo" y no hay sentencia en firme.
Valcárcel ha hecho estas declaraciones a la salida de la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, al ser preguntado por la nueva ley que permite abortar en las primeras catorce semanas sin que se requiera ningún tipo de justificación. El presidente murciano ha explicado que el PP, al recurrir la norma, ha mantenido su "criterio" y ha expresado su confianza en que prospere. "Seguiremos buscando las vías jurídicas, en ellas estamos, y cuando se haya resuelto todo, ya veremos a ver qué es lo que se hace. De momento no hay razones para acatarlo", ha asegurado Valcárcel, que ha recordado que aún no hay una decisión definitiva sobre el recurso que presentó su partido.
Preguntada por estas declaraciones, la portavoz de Política Social del PP, Sandra Moneo, ha explicado que las comunidades autónomas que gobiernan los 'populares' "harán el máximo esfuerzo por ofrecer a las mujeres y jóvenes toda la información" que necesiten ante embarazos no previstos. A su juicio, ese esfuerzo se orientará a la atención a la mujer, de modo que conozca los cauces para recibir ayuda económica y social. Ese esfuerzo, en ningún caso, ha dicho Moneo, irá dirigido al aborto como "alternativa" ante un embarazo imprevisto.
La dirigente del PP ha considerado "muy urgente" la paralización de la puesta en marcha de la ley, ya que las consecuencias de su aplicación son "irreversibles", especialmente por suponer la implantación del "aborto libre". También porque desde hoy "las menores podrán abortar sin el consentimiento de sus padres", ha añadido. Moneo, en definitiva, ha exigido al Constitucional, ante el que el PP ha recurrido la norma, que se pronuncie "a la mayor brevedad posible".
Asimismo, el consejero portavoz del Ejecutivo navarro, Alberto Catalán, ha afirmado que la práctica de abortos en Navarra "va a seguir siendo el mismo", es decir, se garantizará las interrupciones voluntarias del embarazo a las mujeres en los supuestos legales, pero las intervenciones se harán fuera de la Comunidad foral, tal y como ha explicado la consejera de Salud, María Kutz.
Zapatero, contra el recurso del PP
Al recurso presentado por el PP contra la Ley del Aborto se ha referido el presidente del Gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero lo atribuye a que los 'populares' llevan ante el Tribunal Constitucional "lo que pierden políticamente". Además, se ha mostrado convencido de que el fallo será favorable a la norma.
"Estamos viendo una constante desde la legislatura anterior, es probable que también de ésta: que el PP, lo que pierde políticamente en cuanto a mayoría social y parlamentaria, siempre lo traduce en un recurso al Tribunal Constitucional", ha señalado Zapatero en rueda de prensa posterior a su encuentro con el presidente de Siria, Bashar al Assad, de visita oficial en España.
En su opinión, aunque los 'populares' "están en su derecho" al presentar este recurso, "las posiciones de fondo de los principios políticos son las que marca la mayoría parlamentaria dentro de la Constitución". "Creo que el proceso de confirmación constitucional de las leyes que hemos ido aprobando ha sido un proceso continuo y estoy convencido de que lo seguirá siendo", añadía.
Zapatero ha apuntado que se trata de una "ley constitucional" y ha descartado que el hecho de estar recurrida vaya a suponer una inseguridad para las mujeres o los profesionales sanitarios. "Entendemos que ese (la constitucionalidad) será el resultado de estos recursos, que no crean ninguna inseguridad jurídica", ha puntualizado antes de recordar que el texto ha sido aprobado por las Cortes Generales.
Otras voces críticas
Navarra y Murcia no han sido las únicas voces críticas con la ley, la Conferencia Episcopal ha considerado que la norma "impone" en el sistema educativo obligatorio la ideología abortista y de género". Asimismo, varias asociaciones, encabezadas por el Centro Jurídico Tomás Moro (CJTM) han presentado ante el TC un recurso colectivo de amparo contra la ley del aborto, entre otros motivos, por la "ley de plazos".
"La embriología y la ciencia han avanzado y determinan de manera unánime, sin ningún tipo de discusión, que la vida humana empieza desde la concepción. Si el Constitucional quisiera hacer caso a la ciencia en vez de a ideologías, tendría que decir que, al empezar la vida humana allí (en ese momento), habría que respetarla", ha subrayado el presidente del CJTM, Javier María Pérez Roldán.
Con la reforma de la ley, las mujeres pueden interrumpir su embarazo hasta la semana 14 de gestación sin necesidad de dar explicaciones y hasta la 22 en caso de riesgo para su salud física o psíquica y también por enfermedad grave o malformaciones del feto. En este sentido, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha estimado que la discapacidad "nunca" puede ser un hecho relevante que permita o determine "tratos desiguales a los derechos" y ha tachado la norma de discriminatoria.
Además, Ginecólogos por el Derecho a Vivir, formado por expertos en la materia de la plataforma ciudadana Derecho a Vivir, ha denunciado que en el primer día de entrada a vigor de la ley no se ha informado a las mujeres de todas las alternativas y ayudas existentes para la maternidad. Entretanto, la Organización Médica Colegial (OMC) ha vuelto a criticar que la ley otorgue exclusivamente al médico la responsabilidad de decidir si una menor de 18 años puede interrumpir su embarazo sin comunicárselo a sus padres si alegan violencia familiar.
