La Plataforma de Apoyo a la Juventud Extranjera desprotegida en Álava ha denunciado hoy la "actitud recelosa" de la Diputación alavesa respecto a los menores extranjeros en este territorio y ha reclamado que no se les deje desamparados cuando cumplen la mayoría de edad.
Representantes de este colectivo se han concentrado hoy ante la Diputación de Álava para instar a la institución foral a que extienda los certificados de tutela aún pendientes desde hace más de un año, y que mejore la gestión y condiciones de vida en los centros de acogida.
Esta plataforma pide asimismo a las instituciones que cuando los menores cumplan la mayoría de edad no se les deje "desamparados" y se desarrollen "itinerarios de incorporación social y de seguimiento".
Los participantes en la protesta han recordado que el Ararteko, Iñigo Lamarca, pidió a las instituciones vascas que eviten generar alarma social con este colectivo, que agrupaba a finales del año pasado a 650 o 700 menores extranjeros no acompañados en el País Vasco, la comunidad autónoma con más tutelados después de Canarias.
La Plataforma de Apoyo a los jóvenes extranjeros ha reconocido, en un comunicado leído durante la concentración de hoy, que "gracias a la intervención de los tribunales y del ministerio fiscal" así como a la "sensibilidad del Ararteko", los certificados de tutela y las recomendaciones ya se están extendiendo.
"Mayores de edad o no"
"Mayores de edad o no"
Sin embargo, "la discusión sobre si estos jóvenes son o no mayores de edad no ha sido más que un ejemplo de la falta de voluntad de priorizar su condición de menores desprotegidos", han denunciado.
A juicio de este colectivo, "las consecuencias de la hoy demostrada actitud recelosa por parte de la Diputación hacia estos jóvenes han sido especialmente graves", ya que algunos han tenido que abandonar Vitoria, se les han denegado ayudas y han tenido que ser acogidos en hogares solidarios no institucionales o pasar largos periodos de tiempo en albergues, además del deterioro que ha sufrido su imagen al ser identificados como un problema.
La plataforma considera "especialmente grave" la "intoxicación informativa, promovida desde diversas instituciones", que ha llevado a difundir falsos datos sobre el número de menores acogidos, que es mucho menor al que se ha dicho, y a dar la idea de que estos menores reciben mucho dinero público cuando, salvo la paga de 12 euros semanales en caso de que "se porten bien", el resto del dinero se destina a pagar al personal que trabaja en los centros y a servicios como alimentación, luz o mantenimiento.
"Los efectos de esta desinformación" han contribuido a generar opiniones y actitudes racistas por parte de una minoría social, que se ha dedicado a dañar la imagen de los menores, ha concluido la plataforma.
