El Gabinete Lazcoz está dispuesto a abrir una línea de ayudas económicas para estimular a los hosteleros a que insonoricen sus locales, una de las exigencias que establece la nueva ordenanza del ruido, y que afectará a uno de cada tres establecimientos de la ciudad. En número absolutos, a unos seiscientos. Así lo aseguró ayer la concejala de Medio Ambiente, Alba Cañadas, durante la presentación a los grupos políticos del proyecto de normativa redactada por el PSE, y que con toda probabilidad se aprobará el próximo mes para entrar en vigor a lo largo del verano.
La edil socialista se comprometió a subvencionar esas obras a instacias de la portavoz jeltzale, Malentxo Arruabarrena, quien anticipó el voto favorable de su partido a la norma si los socialistas aceptan dos enmiendas. Una, que el Ayuntamiento abra una línea de ayudas para empujar a los hosteleros a que emprendan el aislamiento acústico de sus negocios. Y, dos, que se amplíe el plazo de tiempo -fijado ahora en cinco años- «hasta quince» para que ejecuten esa reforma.
Cañadas anticipó sin rechistar su disposición a incluir ambas iniciativas. Adelantó, eso sí, que las subvenciones se pospondrán para el año siguiente. En cuanto al margen para que los hosteleros hagan obras en sus locales, se mostró dispuesta a ampliarlo, si bien eludió concretar hasta cuándo.
La noche, un «muermo»
Desde las filas de los populares, su portavoz, Javier Maroto, anunció que su grupo presentarán enmiendas «en tono positivo» al proyecto de ordenanza, aunque no desveló su contenido. Se limitó a decir que a la nueva regulación «le falta debate y mejoras» y que «la noche vitoriana es triste y gris y se está convirtiendo en un verdadero muermo».
Su homólogo en EB, por su parte, reprochó a los socialistas el «escaso debate» que, a su juicio, se ha realizado en torno a este asunto. «El proceso participativo ha sido escaso», criticó José Navas.
Más disconforme se mostró aún el único concejal del EA. Es más, Antxon Belakortu anticipó que rechazará la ordenanza «porque no me gusta un pelo que se obligue a los hosteleros a que emprendan la reconversión del sector».
Pese a estas divergencias, la sintonía del PSE y del PNV en este tema, y la suma de sus votos, garantiza la entrada en funcionamiento de una normativa que se ha elaborado con las aportaciones de los propios afectados, el Síndico y el consejo social, y que se podría sintetizar en una frase: 'más pubs y menos decibelios'.
Así, el Ayuntamiento abrirá la mano a que los bares se transformen en pubs -éstos representan ahora una mínima parte de las 1.800 licencias hosteleras existentes en la ciudad-, lo que les permitirá extender su actividad durante más horas. Para ello, el Gabinete Lazcoz contempa templar el régimen urbanístico en lo que respecta a las distancias mínimas que deben existir entre ellos.
Algunas iniciativas quedarán por completo prohibidas. Y es que el Consistorio no permitirá ninguna nueva apertura de una discoteca en una zona residencial. Sin embargo, promete facilitar las cosas a los promotores que propongan llevar a cabo un proyecto similar en los polígonos industriales. Por ejemplo, con sus exigencias actuales de plazas de aparcamiento.
En cuanto al nivel de decibelios, la institución municipal será implacable. Tanto es así que multiplicará por cuatro, e incluso por seis, el importe de las sanciones que impondrá por superar la barrera permitida. De esta manera, las multas consideradas leves podrán llegar a los 600 euros, mientras que las graves se pagarán a razón de 12.000 euros o más.
«Queremos que Vitoria siga siendo una ciudad viva, incluso de noche. Con esta nueva regulación no pretendemos ahogar al sector, sino ayudarle a mejorar sus condiciones para que ofrezca un mejor servicio», resumió la concejala de Medio Ambiente.
