El Gobierno vasco concedió en 2006 una ayuda de 1,5 millones a una empresa de Zalla que no había presentado su balance económico del ejercicio anterior, como es preceptivo, según consta en los datos recogidos en el Registro Mercantil de Vizcaya. La compañía que recibió la citada subvención económica es Pealpack Internacional, que se encuentra estrechamente ligada a Alipack Industrial, una firma con la que comparte instalaciones y accionariado y que a finales de agosto presentó un Expediente de Regulación de Empleo para su veintena de trabajadores. Se da la circunstancia de que la empresa que solicitó el ERE, que tampoco se encontraba al día en la presentación de sus cuentas económicas correspondientes a los ejercicios anteriores, inició poco después los trámites necesarios para presentar el denominado concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).
Dedicada a la producción de distintos tipos de envases, Pealpack ha sufrido en los últimos años diversos embargos millonarios de la Diputación y la Seguridad Social. La compañía también mantiene importantes deudas con diversos acreedores, que no dudan en alertar de la «posibilidad» de que la empresa «tampoco pueda hacer frente a la subvención pública» recibida por parte de los anteriores responsables del Ejecutivo autonómico.
La ayuda concedida a Pealpack, una de las empresas con más arraigo de la zona y que llegó a tener cerca de 500 trabajadores, se hizo con cargo al programa Gauzatu del Departamento de Industria del Gobierno vasco, que persigue impulsar la creación y el desarrollo de Pymes de base tecnológica e innovadora. La citada subvención alcanza la cantidad más alta que se contempla en el programa, y obliga también a la empresa a invertir una importante cantidad de dinero, cercana a los 4,5 millones de euros. La compañía, en este sentido, debe devolver la suma aportada por las arcas públicas una vez concluido el proyecto en cuestión, que en este caso se utilizó para adquirir maquinaria más moderna, según las fuentes de la empresa consultadas por este periódico.
Según explican fuentes de la Sociedad de Promoción y Reconversión Industrial (Spri) del Gobierno vasco, tras disponer de un año de carencia, la empresa no debe empezar a sufragar estas cantidades hasta febrero de 2011. También adelantaron que los técnicos del Departamento están realizando ahora el «informe de inspección» del proyecto emprendido por la empresa. Sin embargo, no aclararon por qué se concedió la ayuda a una empresa que no estaba al día en la presentación de sus cuentas, entre otras cuestiones. «La Spri ha cumplido la legalidad en todo momento», subrayan, al tiempo que rechazan las acusaciones de «falta de control y seguimiento» esgrimidas por diversos acreedores de la empresa.
Antigua Pealsa
Sea como fuere, insisten los acreedores, Pealpack no presentó las cuentas ordinarias correspondientes al ejercicio 2005 en el Registro Mercantil hasta septiembre de 2007, un año después de haber recibido la citada subvención económica. Esta compañía, además, comparte instalaciones y accionariado con Alipack. De hecho, en un primer momento formaron parte de una misma empresa -Pealsa (conocida en la zona como Plomos y Estaños)- que a finales de la década de los noventa se dividió en dos y se vendió a los trabajadores por un precio simbólico para tratar de mantenerla a flote. Durante unos años «funcionó bien», según explican fuentes de la empresa, pero la situación volvió a complicarse entre los ejercicios 2003 y 2004.
Alipack Industrial se encuentra en una situación muy delicada. La compañía, según consta en los datos del Registro Mercantil, no ha presentado los datos correspondientes a sus cuentas anuales de los últimos ejercicios. Al menos, no lo ha hecho desde el 2004 al 2007. Su último depósito, en este sentido, fue en junio de 2005. Pese a todo, Alipack presentó hace pocos meses un ERE ante el Departamento de Trabajo del Gobierno vasco, que fue admitido el pasado 13 de agosto con vigencia hasta diciembre. Fuentes de este área no explicaron por qué se admitió esta petición, alegando que nunca ofrecen datos sobre los EREs de las empresas. Sí apuntaron, en cambio, que el «90%» de los Expedientes de Regulación de Empleo son «consensuados» entre las firmas y los trabajadores. En este caso, según explican medios de la compañía, se justificó el ERE en base a la «falta de pedidos» y a una «acumulación de pérdidas» desde el ejercicio 2006 que supera el millón de euros. Poco después, la empresa convocó en septiembre una Junta General destinada, entre otras finalidades, a promover un «concurso voluntario de acreedores o liquidación judicial de la sociedad», según consta en la información aportada por los acreedores.
