Rechazó comprometerse por escrito, como le exigían los grupos municipales de la oposición, pero la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, se comprometió a que la actual cárcel de Nanclares «dejará de tener un uso penitenciario» cuando se abra el nuevo complejo. Así lo confirmó en su visita a la localidad el 12 de febrero, en plena marejada política en torno al proyecto. ¿Pero qué se va a hacer con estas instalaciones? «Aún es pronto para decir qué se hará. La zona pasará a integrar el patrimonio nacional y a partir de aquí, se decidirá», matizó.
Un año después de estas palabras, los interrogantes siguen sin despejarse. «No tengo por qué dudar de las palabras de Gallizo», zanja el alcalde de Iruña de Oca, Javier Martínez. En esta misma línea se expresa el presidente de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), Ángel Martínez, que no alberga la más mínima duda de que el actual penal se cerrará. «Está obsoleto. No cumple las condiciones. Álava necesita un nuevo centro del siglo XXI que posibilite la reinserción de sus reclusos», apostilla.
Sin embargo, esta pregunta tampoco carece de dudas para diferentes colectivos sociales contrarios al proyecto, como Salhaketa, que se escuda en la gran inversión económica realizada en los últimos años para defender que seguirá abierta. El párroco de la cárcel, Txarly Martínez de Bujanda, va más allá y asegura que la dirección ya ha trasladado a los funcionarios que estén «tranquilos porque no echarán la verja».
