El auto dictado por el juez de instrucción resalta un hecho «llamativo» que destaca como «exponente» de lo que ha sido el urbanismo en Castro Urdiales: el hecho de que José Antonio Echevarría, concejal socialista del área hasta 1999, tenía autorización para acceder a las cuentas corrientes de una promotora.
Aunque el propio instructor reconoce que el presunto delito de cohecho que se le podría atribuir estaría ya prescrito, insiste en remarcarlo ante las declaraciones que realizó en sede judicial el administrador de la constructora, Jon Loroño. Según la argumentación del juez, el empresario reconoció en su declaración que había dado al concejal Echevarría «una tarjeta de crédito con cargo a sus cuentas, que le regalaba vacaciones u obsequios varios o le prestaba gratuitamente sus inmuebles para el disfrute de éste».
Además, el instructor subraya que el edil socialista ha sido «retenedor por trabajos de la ingeniera municipal, del hijo del secretario municipal e incluso del hermano del anterior alcalde y actual concejal de Obras y Servicios, Rufino Díaz Helguera». Se da la circunstancia de que José Antonio Echevarría es el padre del actual alcalde pedáneo de Mioño, el también socialista Víctor Echevarría.
En opinión del juez, otro hecho «revelador» de la trama de corrupción es la condición que, según sus propias palabras, mantiene el actual secretario municipal como asesor jurídico de los administradores legales de dos promotoras. Y enfatiza que así consta en las anotaciones de una agenda intervenida.
