Cuando la Guardia Civil detuvo a principios de mes al administrativo que elabora las nóminas del Ayuntamiento de Castro no buscaba sólo desenmascarar un presunto delito particular. Los agentes del instituto armado, bajo la instrucción del juzgado número 2, investigan la posible existencia de una trama que, desde hace años, incorporaría de forma ilegal 'extras' en las mensualidades de parte del personal municipal. Así se desprende de la declaración tomada a Fernando Urruticoechea, interventor municipal entre 2001 y 2006, y a la que ha tenido acceso EL CORREO.
La gestión de la administración local está desde hace tiempo bajo el punto de mira de la Justicia. La Policía Judicial ya intervino expedientes municipales e incluso el Tribunal de Cuentas de Cantabria analizó sus números. En aquel análisis encontró reparos de legalidad en las nóminas de mayo de 2004. Entonces, el responsable de la fiscalización municipal era Urruticoechea, por lo que el juez le hizo declarar el 12 de diciembre.
El ex interventor reconoció haber alertado de la posible ilegalidad de aquellas mensualidades y de otros «cientos», que acreditó con documentos. Según explicó, al ocupar su cargo en abril de 2001 ya se percató de que las nóminas no estaban bien elaboradas, situación que achacó a «la evidente desorganización en todas las áreas de gestión». En su opinión, debido a una «falta de cultura administrativa de control».
Urruticoechea aseguró que no había expedientes administrativos de personal, sino que la nómina era «un listado acumulativo de hojas y cifras sin racionalidad, sin firmar por su elaborador y sin resolución administrativa alguna». Con el paso de los meses consiguió que las firmara el responsable, el recién detenido P. L. A., pero, ante el incumplimiento reiterado de aportar el resto de requisitos, «opté por incluir en todas las nóminas la advertencia escrita de 'Imposible emitir una opinión fundamentada por falta de documentación'.
«Presión» de la plantilla
Según su propia declaración, también actuó de aquella manera por la propia presión de la plantilla para cobrar a fin de mes. El economista explicó que las nóminas de una administración pública deben cerrarse el día 10 a fin de poder fiscalizarlas con los diez días que marca la Ley. «Me las daban con sólo un día para su análisis y firma», subrayó.
Esta falta de control, indicó, daba pie a la arbitrariedad en las retribuciones del personal y en las contrataciones. Situación que, a su juicio, permitió que, sólo mientras él ejerció como interventor, se abonaran «millones de euros al margen de la legalidad» en forma de sobresueldos. A su juicio, se abusaba de conceptos como «complementos personales transitorios, productividad fija anual, complementos específicos por encima de los límites fijados, gratificaciones por horas extras y servicios especiales, trabajos de superior categoría a la real...».
Fernando Urruticoechea subrayó que, a partir de sus esfuerzos por regular la situación, surgieron las desavenencias con los técnicos y los alcaldes respectivos, Rufino Díaz Helguera hasta 2003, y, posteriormente, Fernando Muguruza, quienes, según señaló, llegaron a firmar resoluciones para levantar sus constantes anotaciones de reparo de legalidad. Fruto de aquella situación, el ex interventor considera que se produjo su desgaste «personal y profesional». Tras las denuncias por su parte de estas irregularidades ante la Fiscalía de Cantabria y varias bajas laborales, abandonó el Ayuntamiento en abril de 2006.
