Varias ONG y asociaciones de apoyo a inmigrantes criticaron ayer la «nefasta gestión de la Diputación» respecto a la «situación de riesgo» que viven varios menores extranjeros no acompañados en Vitoria. Los colectivos, a los que se sumaron algunos ex educadores del centro de acogida Zabaltzen, denunciaron que «se han denegado las órdenes forales de tutela a 30 de estos jóvenes de forma arbitraria», un requisito indispensable para obtener la autorización de residencia. «Esto supone el incumplimiento de la Ley Vasca del Menor, y en consecuencia de la Ley de Extranjería», destacaron.
La protesta está lanzada desde el sindicato ESK, SOS Racismo, Txiroekin, Salhaketa, Harresiak Apurtuz, el grupo de inmigración del Hikaateneo, la federación KIRA, la coordinadora de sacerdotes y la Red Zuzen por la Igualdad de Derechos, además de algunos ex monitores del centro Zabaltzen, que han seguido «desde cerca» esta problemática.
Las asociaciones explicaron mediante la lectura de un comunicado que esta práctica afecta cada vez a más menores que llevan más de 9, 10 y hasta 12 meses de acogida en diferentes centros y pisos sin certificación que acredite su tutela. La Ley Vasca del menor establece un plazo de tres meses o seis como máximo en situaciones excepcionales, haciendo «imposible su integración en la sociedad y condenándolos a la clandestinidad cuando cumplen la mayoría de edad».
«Conocemos casos de menores que viven en la calle en situaciones de riesgo y se han producido huidas de los centros donde están acogidos por falta de respeto a su dignidad, su identidad cultural o el derecho a ser oídos», agregaron desde los grupos denunciantes. «También nos han informado que el Instituto Foral del Bienestar Social se ha negado a acoger menores en los centros de urgencia a pesar de haber espacio», declararon sus portavoces. Por estos motivos, los colectivos instaron a la Diputación «a extender de forma inmediata las certificaciones de tutela» para que estos jóvenes puedan obtener el permiso de residencia y quedarse a trabajar. «Pedimos que se cumpla Ley», puntualizaron.
«Xenofobia»
Del mismo modo, los firmantes del comunicado criticaron las declaraciones de algunos políticos sobre este tema porque «generan xenofobia y relacionan al colectivo de menores extranjeros con la delincuencia o como personas que están consumiendo ilegítimamente recursos de la sociedad alavesa».
Al hilo de esta polémica, Fede García, representante de SOS Racismo, criticó la propuesta del PNV de demandar cupos para que cada comunidad autónoma acoja un número limitado de menores extranjeros.
