El conflicto entre el mundo rural y los urbanitas que abandonan la ciudad para rodearse de un entorno natural es cada vez más habitual en la comunidad autónoma vasca. «La gente quiere vivir en el campo, pero no les gusta el olor a ganado. Han cambiado el 'chip'», se lamenta el ganadero Aitor Aurrekoetxea, quien sabe muy bien de lo que habla. Hace poco más de dos años inició una huelga de hambre frente al Ayuntamiento vizcaíno de Arrieta al no haber recibido una autorización municipal para una granja de cerdos. Los vecinos se oponían a sus deseos debido a los «trastornos y los problemas de salud» que podría causar el ganado.
El suyo era un proyecto pequeño que, según la normativa entonces vigente, sólo podía abarcar hasta 24 cerdos. Sin embargo, el último decreto del Gobierno vasco le permite ampliar su actual explotación de forma notable, pues abre la mano hasta un máximo de 366 cabezas.
Competencia autonómica
Asimismo, Aurrekoetxea puede acortar la separación entre la granja y el núcleo de población. Si Arrieta fuera una localidad grande, la distancia se quedaría en quinientos metros, pero como es una población rural es posible dejarla incluso en 75.
«La anterior normativa creaba un vacío legal en las explotaciones como la mía», se queja Aitor Aurrekoetxea. Ese déficit se ha tratado de solventar con la legislación de carácter estatal. Sin embargo, el problema de las distancias de las granjas no se solucionaba porque la potestad en esa materia es de las comunidades autónomas.
De todos modos, las reinvindicaciones de Aurrekoetxea no acaban con la reforma recién aprobada por el Gobierno vasco. «Muchos ayuntamientos abusan de su autoridad y se dedican a sacar decretos sin informes jurídicos favorables», denuncia el baserritarra, a quien el Ayuntamiento de Arrieta obligó hace dos meses a sacrificar todos sus cerdos. «Es una injusticia, y el juez tendrá que dictaminar», declara.
Mientras se resuelve el contencioso, Aurrekoetxea construye un pabellón para explotar porcino a 1,3 kilómetros del núcleo de Arrieta, con la licencia de actividad en el bolsillo. Quiere defender su medio de vida, aunque es consciente del «mobbing» que, a su modo de ver, sufren los ganaderos debido a las denuncias vecinales y municipales y también por la burocracia. «Euskadi quiere vivir en el mundo rural, pero no quiere tener el ganado cerca», se lamenta Aitor Aurrekoetxea.
De momento, el decreto del Gobierno vasco le parece «una apuesta por el mundo ganadero», un cambio que, en su negocio, se traduce en más tolerancia con las distancias y en la posibilidad de solicitar una licencia de actividad con un mayor número de cerdos que antes.
