EL CASO
El próximo mes de marzo se cumplirá un lustro desde que una reclusa de la prisión de Nanclares de la Oca, a la que después se sumaron otras tres, denunciara al entonces subdirector de seguridad del penal por intentar, supuestamente, chantajearlas para mantener relaciones con ellas. Pero antes de que llegue este particular aniversario, estas mujeres y el funcionario volverán a verse las caras. La cita tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Vitoria, donde mañana y el jueves se celebrará el juicio contra el ex alto cargo, imputado en cuatro presuntos delitos de solicitud sexual y uno de abuso sexual. La Fiscalía solicita la libre absolución de M.M., mientras que la acusación -formada, entre otros, por la asociación de apoyo a presos Salhaketa- pide un total de diez años de cárcel, 36 de inhabilitación y 3.000 euros de indemnización a cada una de las denunciantes.
La vista oral pondrá fin a un largo camino judicial iniciado en 2005, y que parecía haberse estancado hace dos años, cuando los tribunales archivaron el caso por falta de «indicios», según consideró el Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria en su momento. «En mayo de 2008 pudimos seguir adelante al aceptarse el recurso», explicó ayer Carlos Hernández, portavoz de la plataforma de apoyo a las presas de Nanclares.
Una de esas reclusas fue quien hizo saltar la voz de alarma en marzo de hace casi cinco años, después de que los familiares de varias internas acusaran a «un funcionario concreto» de cometer «irregularidades, que habrían ido desde la extorsión y el chantaje, al abuso sexual», advierten miembros de Salhaketa, que recuerdan aquellos testimonios iniciales como «un rumor» que dio paso a «una realidad más dura».
Excarcelación preventiva
A las palabras de la primera denunciante se sumaron, en meses sucesivos, las de otras tres internas. El imputado, siempre según su versión, parece que había ofrecido a todas ellas «beneficios penitenciarios -como un permiso, un tercer grado o una visita- a cambio de favores sexuales», aseguran en la asociación. Las supuestas coacciones podrían haberse convertido en abusos sexuales en uno de los casos ya que hubo «tocamientos» no consentidos. «Además, habría represaliado a quienes se negaban», añaden. Un episodio similar se produjo en el penal pontevedrés de A Lama y el funcionario fue condenado a «un año de prisión», recuerda Hernández quien, en nombre de la plataforma, pidió «la excarcelación preventiva de las presas para garantizar el alejamiento de sus agresores».
Al parecer, el ex subdirector de seguridad, que dejó su cargo el verano que estalló la polémica, defiende que se trata de una venganza de las denunciantes. En caso de que sea condenado, Salhaketa exige, además, que las reclusas reciban «el indulto inmediato» como compensación por los daños.
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