Gobierno, magistrados y letrados insisten desde hace días en que existen resortes legales para salvar el escollo que ha enquistado el rescate del 'Alakrana': el encarcelamiento en España de los dos piratas detenidos tras el secuestro. El experto en piratería y catedrático en Derecho Internacional de la Universidad de La Coruña José Manuel Sobrino desgranó ayer para EL CORREO las implicaciones de esas vías jurídicas. «Cualquiera de ellas es muy compleja y la solución puede eternizarse», advirtió.
Sobrino contempla tres posibles ventanas para una solución. La primera, que un juez español, a petición de la Fiscalía, «decline su jurisdicción en favor de Somalia o de Kenia», en virtud del acuerdo con la UE para el traslado de detenidos en aguas del Índico. Ello implicaría que la Audiencia Nacional se enmendase la plana a sí misma. «Supondría dar marcha atrás y buscar argumentos para un 'donde dije digo, digo Diego'», ya que el tribunal se declaró competente para juzgar el caso. La segunda posibilidad, y «la menos compleja» a su juicio, sería someter a los dos detenidos a un juicio rápido en España «y que, una vez dictada, la sentencia se pudiera cumplir en Somalia». El problema es que en este país el Estado carece de poder real para hacer cumplir una condena.
La tercera vía es la extradición, la que más se ha barajado, pero la menos factible según el experto. El primer escollo es la inexistencia de acuerdos para la entrega de detenidos, pero además «habría que ver si los delitos que se les imputan en España se contemplan de igual modo en la legislación del país al que pretendan extraditarles». No se les puede imputar causas distintas en los países de origen y destino. La piratería es un delito de persecución universal, por lo que cualquier país puede juzgarlo, «pero el Código Penal español no la contempla». Por eso, los somalíes están acusados de asociación ilícita y detención ilegal. «Habría que ver si Somalia o Kenia contemplan igual esos delitos».
Justicia «en entredicho»
Sobrino teme que la Justicia española «quede en entredicho» con la solución que adopte el Gobierno. En cualquier caso, considera que el traslado a España de los piratas «fue una medida desafortunada» y defiende que «la Audiencia Nacional ni siquiera tiene competencias para juzgar los delitos que imputa, porque no son de persecución universal y no se cometieron en territorio nacional, aunque el buque sea español».
El catedrático también considera «un despropósito» la condición expresada ayer por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, de que España pueda supervisar el proceso judicial si éste se desarrolla en otro país. «Sería una injerencia inadmisible». Por otra parte, duda de que los dos piratas sean el 'quid' de la negociación. «La motivación suele ser siempre económica. Para un pirata, cumplir condena en una cárcel europea es casi un lujo si la alternativa es una prisión keniata o somalí».
