La superficialidad y la falta de rigor son quizá las notas más características del debate político. Una de las razones de tal deficiencia se encuentra en la rapidez con que se desarrolla la relación dialéctica entre los participantes. A lo que uno propone tiene que responder el adversario de inmediato, sin poder tomarse el tiempo necesario para la reflexión. La rapidez se explica, y se impone, porque en el debate político no se persigue la verdad, sino la delimitación del territorio propio y la fijación en él de los adeptos y simpatizantes. Nadie puede permitir que una propuesta ajena permanezca en el ambiente, sin ser rebatida, el tiempo suficiente para que siembre el desconcierto entre las propias filas y difumine los límites del propio espacio. De la rapidez de la reacción, más que de su corrección, depende el éxito en el debate.
Ejemplos de debate superficial y falto de rigor los estamos contemplando día a día en el escenario político de nuestro país. No importa cuál sea la gravedad del tema, la rapidez con que ha de producirse en política el intercambio de propuestas y de contrapropuestas lleva inexorablemente a la trivialización. Viene ocurriendo así, de tiempo atrás, en el delicado asunto de la interrupción voluntaria del embarazo y, en las últimas semanas, con el dramático caso del secuestro del 'Alakrana'. Propuestas y contrapropuestas vuelan en ambos asuntos de un lado para otro, sin que nadie se haya preocupado, antes de lanzarlas, de analizar su procedencia o sopesar su oportunidad. Todo vale con tal de marcar cada uno su territorio y afincar en él a los propios adeptos.
Al margen de éstos, asomó el día pasado por el horizonte otro debate que tiene todos los visos de ir creciendo en intensidad e incluso de enquistarse en el tiempo. Se trata de la incipiente controversia, que ha quedado de momento sepultada por el secuestro del pesquero, en torno a las modificaciones que el actual Gobierno se ha propuesto introducir en el sistema educativo vasco a través de los nuevos decretos curriculares. A nadie se le oculta que el asunto requeriría, por su importancia y por la sensibilidad de la materia que aborda, de un debate sosegado en el que, en vez de la imposición de un modelo de parte, se alcanzara la implantación de otro que diera cabida satisfactoria a los legítimos deseos de la mayoría. Pues bien, en lugar de ese sosiego requerido para llevar el debate a buen puerto, la rapidez con que se produce la dialéctica política ha causado ya reacciones precipitadas, que serán muy difíciles de reconducir si alguna vez se desea recuperar el consenso.
Para entender bien la gravedad de lo que ocurre -o de lo que podría llegar a ocurrir si nadie se decidiera a sosegar la controversia-, sería conveniente traer a la memoria un par de hechos del reciente pasado. El primero es el lamentable final con que acabó la legislatura el anterior Departamento de Educación. No sólo la oposición, sino incluso los propios socios del Gobierno, expresaron su profundo malestar con la radicalidad con que el Consejero en cuestión, miembro de EA, quiso imponer ciertas reformas en el sistema, perturbando el equilibro alcanzado en la relación entre las dos lenguas vehiculares de nuestra enseñanza e introduciendo en los currículos conceptos que muy mal se avienen con la pluralidad de sensibilidades identitarias e ideológicas existentes en nuestra sociedad. De otro lado, tampoco puede olvidarse que el PNV vio en las áreas lingüística y educativa el campo en el que habría de entablarse la batalla entre los partidos implicados en el Gobierno, de un lado, y el suyo propio, de otro, como principal de la oposición. De hecho, fue por las ideas que sobre estas áreas expresó supuestamente el acuerdo firmado por socialistas y populares con vistas a la formación del nuevo Gobierno, por lo que los jeltzales tacharon a éste de frentista antes incluso de su constitución.
Sin embargo, en vez de tener en mente los dos hechos citados, el PNV sólo se ha acordado del segundo y, con la precipitación que es habitual en el debate político, se ha apresurado a marcar su territorio y a tranquilizar a sus adeptos, arremetiendo sin ton ni son contra los nuevos decretos sin tomarse siquiera el tiempo de leerlos. Si esto último hubiera hecho, se habría percatado de que lo que las nuevas normas pretenden corregir no es otra cosa que los desmanes que introdujo en el sistema el anterior consejero de Educación y que tanto incomodaron, entre otros, a los propios jeltzales.
La pausa temporal que ha impuesto en este incipiente debate la más urgente preocupación por el secuestro del 'Alakrana' podría servir para poner las cosas en su sitio y no mantener abierta una controversia que va a dañar, más que a ningún otro, a quien la ha promovido.
