El secuestro de los 36 tripulantes del 'Alakrana' y del propio atunero viene provocando tal incertidumbre en tantas personas e instituciones que está obligando a retratarse a toda una sociedad y a un Estado, emplazados a mostrar actitudes que en sí mismas reflejan las lógicas contradicciones que suscita una crisis de tan difícil solución cuando está en juego la vida de los cautivos. Por los informativos y los periódicos desfilan a diario el recelo y la impotencia, el temor y el reproche, la aparente desidia y la exigencia de acción, la cautela y la incontinencia verbal, el estremecedor silencio y demasiadas verdades a medias. Tiempo habrá para evaluar la conducta de cada protagonista. Pero ya parece evidente que casi nadie podrá jactarse de haber estado a la altura de las circunstancias; aunque tampoco está nadie en condiciones de juzgar severamente a los demás. Porque la naturaleza de la crisis desatada por actores tan incontrolables impide que se pueda proceder, ni ahora ni a su término, a una valoración ecuánime de los esfuerzos realizados u omitidos, de los errores cometidos o de los siempre discutibles aciertos.
Las palabras que llegan desde el propio barco reflejan una angustia tan serena que sólo puede entenderse conociendo la singular personalidad que moldea el trabajo en el mar. Los familiares, cada uno de ellos, se debaten entre las dudas e incluso la desconfianza que les genera la apariencia dispersa de un Gobierno obligado a actuar con discreción y su necesidad de confiar en él. El Gobierno da la impresión de verse superado por los acontecimientos, mostrándose seguro ahora para titubear al minuto siguiente, y buscar a continuación alguna frase críptica que le saque del apuro. Las exigencias partidarias suenan impostadas en cada sesión parlamentaria puesto que la oposición popular y el intermitente socio jeltzale insisten en no querer hacerse cargo de las dificultades que representa, para un Estado que dejó muy atrás su pasado imperial, operar en tan lejano y resbaladizo terreno. El enredo judicial causado por la difícil determinación de la edad real del más joven de los dos piratas detenidos tampoco puede velar los interrogantes sobre el sentido último de su detención por la Armada. Pero frente a esta especie de relato coral de una crisis laberíntica han acabado destacando dos ausencias o, cuando menos, dos presencias insuficientes: la del lehendakari Patxi López y la de los armadores.
El lehendakari se descolgó en la noche del pasado jueves con una comparecencia cuando menos sorprendente por la llamada realizada a los jueces para que estudien el modo de reconducir la situación de los dos piratas, que fueron detenidos y luego reclamados por Garzón, y contribuir a un desenlace feliz del caso. Si hasta ese momento había optado por evitar protagonismos con el propósito de no interferir en la gestión de la crisis por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero, López acabó rompiendo su silencio de la manera más inoportuna posible. Dado que el exagerado respeto hacia la actuación del gabinete de crisis comandado por Fernández de la Vega había decolorado hasta el extremo el papel del Gobierno vasco, no es fácil entender a qué vinieron las palabras de la noche del jueves sumándose -aunque en términos muy medidos e incluso ambivalentes- a la demanda de una inmediata puesta en libertad de los piratas que están en manos de la Audiencia Nacional. Además, una vez dado ese paso, resulta difícil imaginar qué puede hacer o decir el lehendakari en adelante.
La otra sorprendente presencia destacada por su timidez es la del armador, y la de los armadores en general. El sector pesquero sigue siendo el único de la economía occidental que mantiene una áurea pre-capitalista, en unas relaciones que proyectan siempre confusión en cuanto al papel del empresario y el compromiso que los trabajadores han de mostrar respecto a empresas que a menudo parecen de 'economía social'. Una confusión que deriva del hecho de que la 'fábrica' navega dentro del casco que los trabajadores han de mantener literalmente a flote si quieren seguir viviendo.
Muchos armadores han realizado esfuerzos encomiables para financiar un bien que puede depreciarse rápidamente, como es un barco pesquero. Esfuerzos en ocasiones muy superiores a los realizados por los empresarios de cualquier otro sector. Pero la épica del arrantzale, sublimada en un trance tan extremo como el de un secuestro, tiende a incrementar ese confuso rol que desempeña el armador en cuanto a su proyección pública. Seguro que el armador y los armadores están haciendo todo lo que pueden para solucionar cuanto antes el problema. Pero deberían mostrarse un poco más en público. Porque han de ser conscientes que tienen muchas preguntas esperándoles a que acabe felizmente el drama, especialmente en torno a la relación entre riesgo y beneficio en las pesquerías del Índico. Preguntas que en ningún caso podrán eludir demandando seguridad militar o incorporando seguridad militarizada a los atuneros.
