El Sistema Integral de Interceptación de las Comunicaciones (SITEL) se ha convertido en el nuevo foco de enfrentamiento entre Gobierno y PSOE, por un lado, y los populares, de otro. Un día después de que el PP denunciara que el Ministerio del Interior utiliza una herramienta «ilegal y anticonstitucional» para 'pinchar' teléfonos, los socialistas retaron ayer a la oposición a que lleve ante los tribunales las pruebas de esas graves acusaciones. Jueces, fiscales y policías se unieron también a las críticas contra la formación de Mariano Rajoy, a la que reclamaron pruebas de que se intervienen comunicaciones sin control judicial. El PP, lejos de desistir, insistió en sus acusaciones y apuntó a Alfredo Pérez Rubalcaba.
El portavoz del grupo socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, fue el más duro. Además de exigir disculpas por las «acusaciones de gravedad extraordinaria», reclamó las pruebas en las que se apoyan los populares para «decir que el Estado español está delinquiendo permanentemente». El primer ministro del Interior del Gobierno de Rodríguez Zapatero aseguró que todas las escuchas de SITEL se hacen bajo «control judicial» y lamentó que el PP «haya puesto en marcha una nueva campaña de sospecha permanente». Por ello, reclamó que «caiga todo el peso de la ley» sobre quien ha hecho esas denuncias falsas. En idéntica línea, el secretario de Políticas Municipales del PSOE, Antonio Hernando, tachó de «infamia» las acusaciones de los populares, a los que acusó de «mentir» para tapar sus problemas internos.
El Consejo General del Poder Judicial no eludió entrar en la polémica. Su vicepresidente, Fernando de la Rosa, invitó al partido opositor a recurrir ante el Tribunal Constitucional la legalidad de SITEL e insistió en que «las intervenciones telefónicas que se efectúan en España son por autorización judicial». La portavoz del órgano de Gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, aseguró que «no consta» que el Ejecutivo haya hecho 'pinchazos' de forma ilegal.
Los colectivos judiciales -como la Asociación Profesional de la Magistratura, la Unión Progresista de Fiscales, el Foro Judicial Independiente o la Asociación de Fiscales- también negaron que las escuchas de SITEL escapen al control de los tribunales y defendieron la utilización de este sistema. Estas asociaciones instaron asimismo al PP a denunciar ante la justicia casos concretos de 'pinchazos' ilegales.
El Partido Popular, lejos de cambiar de estrategia tras el aluvión de críticas, mantuvo y profundizó su denuncia. En un argumentario repartido entre sus militantes, insistió en que el SITEL es un «sistema espía» con el que Rubalcaba «obliga a la Policía a realizar acciones ilegales». Según las tesis de los populares, el Ministerio del Interior, cuando lo dirigía Ángel Acebes, sólo contrató ese sistema para luchar contra el terrorismo, los grandes narcotraficantes y la pedofilia y nunca lo puso en marcha porque sabía de las dudas jurídicas que concitaba su utilización.
Garantías de control
El responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, que fue quien el miércoles encendió la polémica con su denuncia sobre las supuestas ilegalidades, reiteró que el Ejecutivo de José María Aznar paralizó esa herramienta tras recibir 22 informes diferentes que apuntaban a posibles ilegalidades. El dirigente opositor reconoció que el sistema comenzó a usarse en pruebas durante el mandato de Acebes, pero que el PP pensaba que el SITEL ya no se usaba. Usó un símil: «Nosotros compramos el coche, pero ellos han atropellado a personas».
González Pons fue ayer más allá y puso en duda que las grabaciones que se entregan a los jueces sean reales porque no hay ninguna autoridad que garantice la autenticidad de esas copias digitales. La portavoz del grupo popular en la Cámara Baja, Soraya Sáenz de Santamaría, que presentó la proposición no de ley en la que el PP reclama al Gobierno una ley orgánica para garantizar el control judicial en el uso del sistema, dijo no entender «por qué Rubalcaba se opone a que una ley proteja los derechos y libertades de los españoles».
