La guerra abierta contra el SITEL tiene nombre propio: la Asociación de Internautas. Este colectivo ha denunciado el sistema de escucha y su desarrollo normativo en todos los foros a su alcance. Sus denuncias han provocado que el Defensor del Pueblo, la Agencia Española de Protección de Datos y la Comisión Europea hayan puesto en marcha tres investigaciones para estudiar su legalidad.
El último de estos estudios, el del Defensor, se abrió el pasado 26 de octubre. La oficina ha reclamado a la Secretaría de Estado de Seguridad y a la de Telecomunicaciones información sobre esta herramienta de intervención.
La Asociación de Internautas en todas sus demandas se ha basado en los informes de los ministerios de Justicia, Interior y Defensa y del Consejo General Poder Judicial, que apuntaban la necesidad de endurecer el control de este sistema. Sin embargo, el Tribunal Supremo archivó en febrero de 2008 una denuncia del colectivo de usuarios de Internet contra el SITEL al considerar que no era necesario que este sistema estuviera amparado por una ley orgánica.
