El Gobierno vasco destinará la mitad de los casi 180 millones de euros presupuestados para el área de Justicia durante 2010 a modernizar los juzgados e introducir el expediente digital, de manera que las notificaciones y los principales documentos de los procedimientos judiciales puedan transmitirse por Internet. Así lo explicó ayer la consejera de Justicia y Administraciones Públicas, Idoia Mendia, quien informó al Parlamento autónomo sobre las cuentas de su departamento para el próximo ejercicio.
Mendia recordó que, pese a que el Ejecutivo de Patxi López ha recortado gastos, el dinero consignado para la viceconsejería de Justicia ha aumentado un 2,1%, hasta 179,6 millones. De esa suma, 90,9 millones se emplearán en el desarrollo de la nueva oficina judicial, un proyecto que no sólo contempla la informatización de los palacios de Justicia, sino que reorganiza su funcionamiento para hacerlo más eficaz ante los ciudadanos y los profesionales. El proceso ha empezado a ensayarse en Getxo e Irún y abarcará todos los partidos judiciales de Euskadi en 2013.
«Eficiencia»
La consejera explicó que el expediente digital comenzará a experimentarse el año próximo en San Sebastián. Su departamento también desarrollará un plan informático para que los tribunales vascos puedan comunicarse con los de otras autonomías -ya se han realizado varias pruebas- y con las demás administraciones. Según Idoia Mendia, los juzgados ganarán en el futuro «en racionalidad y eficiencia».
El Gobierno de Vitoria ha aumentado igualmente la partida para el euskera en la Justicia, que crece un 11% (875.000 euros). El incremento se produce cuando el Tribunal Superior acaba de tumbar el decreto sobre la euskaldunización de la plantilla judicial al entender que todos los puestos no deben tener un perfil lingüístico, sino sólo «los singularizados». También suprime la obligación de que las comunicaciones escritas y las notificaciones sean bilingües.
El viceconsejero de Justicia, José Manuel Fínez, insistió ayer en que, a pesar de la resolución de los jueces, el Ejecutivo vasco ha asumido los objetivos de euskaldunización trazados por el anterior Gobierno tripartito, que fue el que aprobó el decreto ahora anulado. No obstante, Fínez explicó que se intentará lograrlos «de otra forma», una vez que el Tribunal Superior ya se ha pronunciado.
