El juez Baltasar Garzón ha confirmado el encarcelamiento de los cinco líderes abertzales que fueron detenidos el pasado 13 de octubre acusados de intentar reconstruir la dirección de la ilegalizada Batasuna a través de la marca Bateragune, entre ellos el ex portavoz de la coalición Arnaldo Otegi y el antiguo secretario general del sindicato LAB Rafa Díez Usabiaga. El instructor rechaza de plano los recursos contra las órdenes de prisión y recuerda que hay pruebas suficientes de que los dirigentes independentistas trabajaban para ETA.
Garzón -que el pasado 16 de octubre dictó prisión incondicional para Otegi, Díez Usabiaga, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto- defiende la legalidad de la investigación y asegura que todos los registros e intervenciones telefónicas estaban justificadas porque había «evidencias e indicios claros y contundentes» de que los cabecillas abertzales estaban intentado refundar Batasuna.
Igualmente recuerda que toda la documentación remitida por Francia y que obra en la causa fue entregada legalmente, «de acuerdo con las normas de cooperación» y el convenio de asistencia judicial penal mutua. En particular, se refiere a los 'papeles' incautados al etarra Ekaitz Sirvent en abril de 2009 y que desvelaban la existencia de «una alianza estratégica nacional que colaborará en la presión para forzar al Estado español a asumir un nuevo proceso de negociación» a través de Bateragune.
Como ya hiciera cuando encarceló a los sospechosos, el instructor niega de manera tajante que estos arrestos, realizados «con todas las garantías, tengan nada que ver con la actividad pública o política de los detenidos», sino con la decisión de los acusados de «pertenecer a un órgano creado, desarrollado y dirigido por la organización terrorista ETA», en referencia a Bateragune.
Prisión «necesaria»
El juez insiste en que la prisión preventiva de los cinco acusados era «necesaria» y lo sigue siendo porque todos ellos, asegura, «siguen las instrucciones de la organización terroristas» y participan «conscientemente» de esa «instrumentalización» por parte de la banda.
Además, el instructor anuncia que mantendrá en secreto buena parte de la causa para llevar a buen fin la investigación y desprecia el argumento de los abogados de los acusados de que Batasuna, según el grupo de trabajo de la ONU, no es una banda terrorista. Garzón recuerda a los letrados que es sólo en «sede judicial en donde Batasuna debe ser declarada parte de una organización terrorista y no fuera de ella». En esa línea, señala que en varios procesos abiertos en la Audiencia Nacional hay «elementos, datos y documentos suficientes» que «avalan» que la coalición clandestina es parte de ETA, pruebas que la ONU, «al parecer, desconoce».
En el auto en el que el instructor mandó a la cárcel a los dirigentes abertzales, les acusó de intentar restablecer una «nueva Batasuna» después del «desmantelamiento organizativo» que había sufrido la formación ilegal tras los golpes policiales y judiciales de los dos últimos años. Desde el pasado abril utilizaban la sede central del sindicato LAB en San Sebastián para marcar los objetivos «políticos-militares» a seguir. Una estrategia, según Baltasar Garzón, autorizada por la dirección etarra.
Esta dirección política, denominada Bateragune, era una especie de comisión coordinadora que no estaba representada por las organizaciones sectoriales afines a la izquierda abertzale, sino por personas de las mismas. Es decir, se trataba de un órgano más personalista, nombrado por vez primera vez en 2006, pero que hasta marzo de este año no vio la luz en una rueda de prensa en San Sebastián, en la que estuvieron presentes los encarcelados.
Garzón, en su escrito, formulaba una acusación muy específica a Otegi, al que considera el máximo responsable de la nueva organización y que tenía, entre sus funciones, «conseguir treguas encubiertas para Euskal Herria».
