El capítulo de ingresos del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación se ha encontrado en cuestión de meses con dos previsiones de dinero que le llegarán en los meses venideros, y que podrían 'arreglar' el presupuesto de 2010. Un año, el próximo, en el que tocará «apretarse el cinturón» como no se hacía desde la crisis de mediados de la década de los noventa. En total, el Gabinete Agirre tiene en cartera algo más de cien millones de euros -cerca de 17.000 millones de las extintas pesetas- con los que poder hacer frente a la crisis.
Dos son las vías. La primera se refiere a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que certificó en septiembre la ilegalidad de los incentivos fiscales concedidos a varias empresas por las diputaciones entre 1993 y 1996 para lograr el desarrollo industrial del país. Aunque la resolución ha sido recurrida por la Diputación ante la propia Corte europea, las firmas que se beneficiaron de las 'vacaciones' y 'minivacaciones' fiscales han devuelto las ayudas a las haciendas forales, como así lo obligaba el primer fallo emitido.
Pese al silencio que sobre esta cuestión ha mantenido el tripartito PNV-EA-Aralar en los últimos meses, el diputado general concretó en fechas recientes que se trata de 61 empresas que lograron incentivos por valor de 87 millones. Respecto al recurso, Agirre lo justificó argumentando que la Comisión Europea «no fue lo suficientemente diligente» a la hora de comunicar que las 'vacaciones' eran ayuda de Estado -tardó 79 meses-.
La segunda vía de ingreso 'extra' discurre a medio camino entre lo administrativo y lo político. Se trata del pago de 450 millones que el Gobierno central debe hacer a la Diputación por el IVA pagado indebidamente por Rover a la Agencia Tributaria entre 1990 y 2005 por operaciones de importación de vehículos desde el 'puerto seco' de Araia. Así lo dictaminó por unanimidad la Junta Arbitral del Concierto Económico en junio.
La resolución ha sido recurrida al Supremo, pero el Gabinete Zapatero ya se ha comprometido a abonar el dinero en 2010 como moneda la negociación presupuestaria mantenida con el PNV. De confirmarse el pago, Álava no se quedará con todo el dinero, sino que debería repartirlo con el Gobierno vasco, al que le tocarían 315, y las otras diputaciones. La provincia, por contra, sólo dispondría de 23 al ser el territorio con menos peso en la comunidad autónoma.
