El alcalde reclama los expedientes y el control de Gramepark
El alcalde accidental de Santa Coloma de Gramenet, Joan Carles Mas, ha reclamado a la empresa municipal Gramepark todos los expedientes relacionados con la actuación judicial para "asegurar la continuidad de los servicios" y la "fiscalización" de dichos expedientes.
El equipo de gobierno municipal también ha ordenado "de forma provisional y extraordinaria" que cualquier actuación de Gramepark relacionada con las investigaciones judiciales de Baltasar Garzón sea expresamente controlada por el ayuntamiento de la ciudad.
Así, cualquier tipo de gestión de Gramepark, incluidos los pagos, contratos y acuerdos, relacionados con la 'operación Pretoria', deben ser expresamente autorizados por el alcalde en funciones, una decisión que cuenta con el visto bueno del vicepresidente primero de la empresa, Víctor Álvarez, quien a través de un comunicado ha puesto a disposición de la junta municipal "todos los expedientes que se le reclamen".
Entre los expedientes que el consistorio estudiará se encuentran los relativos al proyecto Cubics, los aparcamientos de Fondo, Francesc Moragues y la Avinguda dels Banús, el mercado de Fondo, el proyecto CIBA 3, el proyecto de Doctor Ferran y toda la documentación sobre las subvenciones de la Unión Europea relativas a la expropiación de las calles Sardana y Sant Pasqual.
El alcalde de
Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, ha anunciado, a través de un comunicado leído por su abogado, que renuncia al acta de concejal y, por tanto, de primer edil del municipio barcelonés, y ha proclamado su inocencia de los
cargos que le imputa el juez Baltasar Garzón.
En rueda de prensa, el abogado de Bartomeu Muñoz, Fermín Morales, ha anunciado que su defendido renuncia al acta de concejal y, por tanto, al cargo de alcalde, así como a la vicepresidencia que ostentaba en la Diputación de Barcelona y a los cargos que tenía tanto en el PSC como en el PSOE. En el comunicado leído por Morales en nombre de Muñoz, dirigido a los ciudadanos de Santa Coloma de Gramenet, el hasta ahora alcalde asegura que es inocente de los delitos que le imputa Garzón, y recuerda su dedicación y compromiso político a la ciudad desde el año 1974.
El letrado ha asegurado que Muñoz "está entero" teniendo en cuenta las circunstancias de su entrada en prisión y que esta mañana ha presentado un recurso de reforma contra las medidas cautelares de prisión adoptadas por el juez el pasado viernes.
Libertad bajo fianza
El abogado de Muñoz ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional para pedir la revocación de la medida cautelar de prisión incondicional dictada sobre el ya ex alcalde. En declaraciones a Catalunya Informació, el abogado Fermín Morales asegura que Muñoz tiene que quedar en libertad bajo fianza. El letrado recuerda que ha ofrecido al juez documentos sobre bienes inmuebles que avalan las garantías de fianza. El abogado añade que se plantea pedir el traslado del auto a un juzgado de Cataluña, pero que lo prioritario es conseguir la libertad y subraya que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.
Por su parte, el director de servicios del Ayuntamiento de Santa Coloma, Pasqual Vela y los empresarios Lluís Casamitjana, Josep Singla y Manuel Carrillo, han abonado las fianzas impuestas por el juez Baltasar Garzón. Así lo han informado fuentes jurídicas, que han señalado que los acusados tenían de plazo hasta la una del mediodía para abonar las fianzas -lo que han hecho a través de avales bancarios- de 500.000 euros (Casmitjana y Singla), 100.000 (Carrillo) y 25.000 (Vela).
El viernes, el magistrado envió a la cárcel a los ex altos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, al alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, al concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y al ex diputado del PSC, Luis García.
Según el auto de prisión del juez, las actividades principales de esta supuesta trama de corrupción urbanística consistían en lograr modificaciones de ordenación urbana, el cobro de comisiones, cohecho, fraude a la Hacienda Pública, fraude en la obtención de subvenciones de la Unión Europea, extracciones ilegales y tráfico de influencias entre los componentes del grupo. Para ello, los miembros aprovechaban "los cargos institucionales de unos, la posición y contactos políticos de otros y la actividad empresarial de los demás".