Ser el único titular de un piso en propiedad, cumplir con sus deberes y obligaciones como padre de familia y desempeñar un trabajo como técnico en la Administración no han sido fundamentos suficientes para hacer que a un juez de Vitoria le temblara el pulso a la hora de dictar sentencia en el juicio de divorcio de este ciudadano contra su ex mujer. No en vano, la ruptura de su matrimonio le ha costado a este sociólogo de 48 años y minusválido desde hace más de veinte, su casa, su hija y una pensión de 750 euros mensuales.
Jaime, nombre ficticio, y su ya ex pareja se conocieron hace una década y poco después comenzaron a vivir juntos en su piso de soltero. La relación se fue consolidando y en 2001 decidieron, de mutuo acuerdo, tener un hijo. Y es que, su minusvalía -debe desplazarse en una silla de ruedas desde que sufrió un accidente de coche- nunca le ha supuesto un impedimento para valerse por sí mismo. Practica, de hecho, esquí y vela y desempeña su trabajo como técnico en la Administración con absoluta normalidad.
Sin embargo, a raíz del nacimiento de su hija, la relación con su mujer comenzó a deteriorarse. Tanto que, en diciembre del pasado año, a la vuelta de un día de esquí, ella le presentó un convenio de divorcio «inadmisible». Le reclamaba la casa, la custodia de la niña que ambos tienen en común y 2.200 euros mensuales, 1.200 para la manutención de su hija y 1.000 más para ella. Se da la circunstancia de que, además de ser «privativo de él» -esto es, que no está en régimen de gananciales-, el piso que la pareja compartió durante su vida en común está adaptado a la discapacidad de Jaime, lo que supone para él una «necesidad vital».
13 días para irse de casa
Pese a ello, su ex mujer no cedió y, ocho meses después de presentar la demanda oficial de divorcio, ambos tuvieron que verse las caras en los tribunales. Además de la titularidad de la casa, Jaime llegaba al juicio con un importante informe a su favor: según un psicólogo oficial, «lo más conveniente» para la hija era la «custodia compartida».
No obstante, ninguna de ambas cosas fue suficiente para el juez, implacable al dictar sentencia. De un lado, le concedió tan sólo 13 días para abandonar su piso -desde el 1 de octubre vive de alquiler en los apartamentos turísticos de Lakua y busca desesperadamente un piso que se adapte a su silla de ruedas- y le impuso una pensión alimenticia de 750 euros para su hija. De otro, le negó la custodia compartida, por lo que Jaime sólo puede disfrutar de su hija dos fines de semana al mes. Disconforme la sentencia, anuncia que apelará, confiado en que la Audiencia, esta vez, le otorgue la razón.
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