Los españoles nos jubilamos cada vez más tarde. Los cambios legislativos, los incentivos para mantenerse en el puesto de trabajo en la recta final de la vida laboral y, en los últimos tiempos, el miedo a la crisis han propiciado que la edad media real de retiro se haya situado en la actualidad en 63 años y diez meses, muy cercana ya a la oficial de 65 años.
El retraso de la edad de jubilación es una de las medidas que los expertos proponen para garantizar la viabilidad de los sistemas públicos de pensiones, con problemas a largo plazo. Esta debilidad es, en el caso de España, sistemáticamente recordada por los organismos internacionales y la Unión Europea. No obstante, en este apartado nuestro país parte con ventaja con respecto a otros, porque cuenta con una de las edades reales de retiro más elevadas de Europa. Datos de Eurostat, homologables a los del resto de socios comunitarios, constatan que la edad media fue en 2007 de 62,1 años, frente a los 61,2 del conjunto de la UE. Francia (59,4 años) Italia (60,4) y Alemania (62) están por debajo de esa edad, mientras que por encima se encuentran países como Holanda (63,9 años) y Reino Unido (62,6).
Más de 66
A la subida de esa cifra contribuye de manera importante el que haya cerca de 20.000 trabajadores que se jubilan cada año con más de 66 años -en su mayoría, autónomos-, una cifra que duplica ampliamente los 7.500 casos de 2002, según cifras de la Seguridad Social. La puesta en marcha de incentivos que exoneran de la mayoría de las cotizaciones a los trabajadores de más de 65 años e incrementan en un 2% la cuantía de la pensión por cada año que rebase de los 65 en el mercado laboral -en ambos casos si se han cotizado más de 35 años- han contribuido a favorecer la permanencia en su ocupación de miles de personas.
Las estadísticas del Ministerio de Trabajo revelan que en la actualidad existen más 128.000 afiliados a la Seguridad Social mayores de 65 años, 5.000 más que en enero. Son varias las causas que llevan a los trabajadores a permanecer activos después de esa edad. Lo hacen, por ejemplo, para elevar la pensión. Y pese a ello, se da la circunstancia de que las jubilaciones entre los 75 y 79 años generan la prestación más baja -859 euros al mes- según datos de la Seguridad Social de 2007.
No deja de ser curioso que la pensión media más elevada por tramos de edad -2.137 euros- se dé entre las personas que más pronto acceden a la jubilación y que tienen entre 50 y 54 años. Se trata de afiliados al régimen especial de la minería del carbón, con salarios generalmente elevados y que pueden acceder a la pensión a esa temprana edad por sus características especiales.
Otro dato que llama poderosamente la atención al analizar la pirámide de población de los pensionistas españoles es la existencia de unos 7.000 beneficiarios mayores de cien años. Una cifra en constante crecimiento que traduce la esencia del principal problema de los sistemas públicos de pensiones en España y en todo el mundo: los jubilados viven cada vez más años y, por tanto, cobran su prestación durante más tiempo, lo que obligará más pronto que tarde a realizar ajustes para mitigar el problema.
Excepciones
La edad legal de retiro es en España de 65 años, pero existen muchas excepciones. Mineros, trabajadores del mar y desde hace poco bomberos, entre otros, tienen derecho a retirarse antes, porque dadas las características especiales de su trabajo cada año cotizado les computa por más de uno, en función de índices preestablecidos.
Por otro lado, los trabajadores que cotizaron antes de 1967 pueden retirarse a los 60 años, con pérdida de una parte de su pensión, que está en función de los años cotizados y los que le falten para llegar a los 65. También pueden hacerlo los mayores de 61 si no cotizaron antes de 1967, con similares recortes.
Además, existe la jubilación parcial por medio de un contrato de relevo, que utilizan decenas de miles de trabajadores en España para abandonar de manera parcial su puesto de trabajo y cobrar una parte proporcional de pensión, a partir de los 60 ó 61 años.
Y también está regulada la jubilación a los 64 años, a la que pueden acceder todos los asalariados, siempre que su puesto sea ocupado por un desempleado por medio de un 'contrato de sustitución', que tiene esa exclusiva finalidad.
