El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decretó anoche prisión incondicional para cinco de los nueve detenidos en la 'operación Pretoria' contra la corrupción en Barcelona, entre ellos el alcalde socialista de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, y dos de los hombres fuertes de los Gobiernos convergentes de Jordi Pujol implicados en el sumario, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra. El magistrado acusa a los tres de ser los pilares de una trama para organizar 'pelotazos' urbanísticos en tres municipios catalanes que reportó unos beneficios de unos 44,6 millones de euros y de haber lavado fortunas en el extranjero durante los últimos años a través de obras de arte.
Garzón, que durante ocho horas tomó declaración a los nueve detenidos por la Guardia Civil, también envió a presidio al ex diputado socialista Luis García Sáez, 'Luigi', el gran muñidor de esta trama; y a Manuel Dobarco, tercer teniente de alcalde de Santa Coloma, concejal de Urbanismo y presidente de la empresa municipal de la vivienda Gramepark, una sociedad que aparece en el epicentro de las investigaciones.
Sólo se librarán de terminar detrás de los barrotes, si abonan elevadas fianzas antes del lunes, los tres empresarios acusados de pagar mordidas millonarias para hacerse con concursos amañados, además de Pascual Vela, el director gerente de servicios del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet.
Garzón impuso una fianza de 500.000 euros a cada uno de los dos promotores detenidos, Josep Singla, presidente de la inmobiliaria Proinosa, una de las constructoras más beneficiadas de los concursos públicos del Ayuntamiento presidido por Bartomeu Muñoz; y Lluís Casamitjana, presidente del grupo inmobiliario Espais. El último de los empresarios arrestados, Manuel Carrillo Martín, consejero delegado de la empresa de limpieza Limasa Mediterránea, deberá pagar una caución de 100.000 euros para no acabar en un centro penitenciario. Vela afronta una fianza bastante menor, 25.000 euros.
El fiscal Anticorrupción, Luis Pastor, y el magistrado imputan a los acusados los delitos genéricos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude fiscal, fraude en las subvenciones, falsedad en documentos oficial y mercantil, blanqueo de capitales y encubrimiento.
Paraísos y operaciones
Según las investigaciones de Garzón, los detenidos pertenecen a un «grupo organizado de personas en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet con ramificaciones en otras localidades de Cataluña, Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal y en Islas Madeira y Caimán».
En su auto, el magistrado asegura que las actividades de esta trama se han centrado en «modificaciones de los planes de ordenación urbana, el cobro de comisiones, cohecho, fraude a la Hacienda, fraude en las subvenciones de la Unión Europea, exacciones ilegales y tráfico de influencias aprovechando los cargos institucionales de unos, la posición y contactos políticos de otros, y la actividad empresarial de los demás».
Tres grandes 'pelotazos'
El magistrado relata que los tres grandes 'pelotazos' de la red que coordinaba García Sáez tuvieron lugar entre 2000 y 2005 en los tres municipios bajo sospecha: Santa Coloma, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona. En el primero fue la Operación Pallaresa, entre 2001 y 2005, con la edificación de un centro comercial. Ese enjuague supuso un desfalco al Ayuntamiento de 13 millones de euros, que terminaron en el bolsillo de los cabecillas de la trama.
Luego, entre 2002 y 2004, gestionaron en Badalona la reforma del puerto deportivo de la ciudad, que dio como beneficio para la trama cerca de 14 millones. Finalmente, entre 2003 y 2007, modificaron el Plan de Urbanismo de Llavaneres para embolsarse 17,6 millones.
Nada más tener conocimiento de la decisión judicial, el PSC anunció que el próximo lunes suspenderá de militancia al alcalde, Bartomeu Muñoz, al concejal Manuel Dobarco y a Pascual Vela.
La alarma social generada por casos como éste o 'Gürtel' ha impulsado también al Gobierno central a plantearse una reforma del Código Penal para endurecer las condenas y los tipos delictivos vinculados a la corrupción pública y privada. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, apuntó ayer que el Consejo de Ministros podría aprobar en noviembre el proyecto, encaminado a mejorar la persecución de «esta lacra intolerable».
De la Vega enumeró en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete algunos de los pasos ya dados por el Ejecutivo con esta meta y mencionó la contribución que, en el mismo sentido, pueden hacer las futuras modificaciones de la Ley de Financiación Local y de la Ley de Régimen Local.
