El Congreso dio luz verde ayer al proyecto de ley que pretende impulsar el alquiler y la eficiencia energética de los edificios, un texto que facilita el 'desahucio exprés' -en un periodo no superior a 15 días- de los inquilinos que se resistan a cumplir una sentencia de desalojo. Cuando el abandono no sea forzoso, el plazo no será inferior a dos semanas y podrá prolongarse hasta un año.
Una resolución judicial, sin más trámites, será suficiente para proceder a la ejecución. Durante el juicio, las partes podrán llegar a un pacto, de modo que el propietario perdone la deuda total o parcialmente al arrendatario a cambio de que éste se marche voluntariamente. Del mismo modo, se reduce de dos meses a uno el plazo que debe transcurrir entre el requerimiento de pago al moroso y la presentación de la demanda por el casero.
El arrendador también podrá resolver el contrato si necesita el piso no sólo para él, sino para sus padres, hijos o cónyuges en caso de divorcio o nulidad. Si en tres meses los familiares no ocupan la vivienda, el propietario estará obligado a reinstalar al anterior inquilino y a pagarle la mudanza.
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, se felicitó por el «alto grado de consenso» sobre reforma, que afecta a la Ley de Arrendamientos Urbanos, la de Enjuiciamiento Civil y la de Propiedad Horizontal.
