Comprometió su implantación en 2004 como parte del nuevo Reglamento Orgánico del Ayuntamiento que también preveía la creación de los consejos sociales. Cerró la primera legislatura con sólo estos órganos de participación en funcionamiento, y de manera irregular, según llegó a reconocer él mismo. En julio del pasado año incidió de nuevo en que «a principios de 2009» se daría un «empujón» oficial a la propuesta. Pero la figura del Defensor del Ciudadano aún no existe en Miranda. El alcalde Fernando Campo, que la anunció en su día como pieza clave en una nueva relación entre el Ayuntamiento y los mirandeses, vuelve a relegarla sin fecha. El motivo que aduce es la actual coyuntura económica.
«Estamos en una situación de crisis y la oferta de empleo público se ha congelado y lo del capítulo 1. Entonces, en principio, está aparcado. De momento se deja sobre la mesa. Si los tiempos mejoran, ya se verá. Pero de momento, lo dejamos sobre la mesa», aseguraron desde el área de Comunicación de Alcaldía.
La medida se pospone una vez más aún cuando sí figura en el paquete de proyectos que se incorporaron el pasado año al llamado Plan Estratégico de Modernización del Ayuntamiento, una hoja de ruta para la que se contrató asistencia técnica, que pretende ser guiar de una reestructuración absoluta en el Consistorio buscando el consenso de todas las formaciones políticas.
Similar al Síndico de Vitoria, el Defensor del Ciudadano fiscalizaría determinados comportamientos de la administración local en su relación con los ciudadanos. Es, a menor escala un calco del Procurador del Común que existe para toda la región. Pero con una ventaja, su localización y, por tanto, su mayor agilidad a la hora de recabar datos y mediar en litigios. Eso sí, en Miranda siempre se ha insistido en que su margen de actuación sería menor. Esto es, a diferencia de lo que sucede con las figuras similares mencionadas, aquí la participación en conflictos puramente vecinales no se daría, al menos en una primera fase.
2 ó 3 horas semanales
El motivo no es otro que la dinámica de trabajo que pretendería imponerse. Campo ha planteado en varias ocasiones a este periódico que su idea es que dedique una media de 2 a 3 horas a la semana a atender las quejas de los mirandeses respecto a su Ayuntamiento. Para las más genéricas la idea es otra: seguir canalizándolas a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y el propio Servicio de Atención Ciudadana (SAC). El Defensor del Ciudadano, en suma, no sería en ningún caso una figura de referencia a tiempo completo.
Este parámetro es el que iba a permitir, según su criterio, agilizar la implantación. Pero las credenciales que ha de cumplir, según se recoge en el capítulo IV del Reglamento Orgánico, son bastante exigentes. Algo que alcaldía ha traducido en un licenciado en derecho con prestigio en la ciudad.
La apuesta conlleva otro problema: puede plantear ciertas incompatibilidades profesionales puesto que no estaría legitimado, en principio, para implicarse a título privado en pleitos relacionados con la administración local.
En suma, que el «mejor candidato» ha de ceñirse a un contrato laboral limitado que tendría que compatibilizarlo con la actividad laboral que desarrolla en el ámbito de lo privado. Además ha de existir un consenso absoluto entre los grupos a la hora de refrendarle en el cargo. Esto es esencial en su credibilidad.
En cualquier caso, esta figura seguirá moviéndose en el terreno de los posibles, salvo que se optase por la reconversión de algún alto funcionario. Porque «no se contrata a nadie», según reiteraron fuentes del Ayuntamiento. La congelación «es absoluta». Se habla de hecho, de una subida para el personal municipal ajustada a lo que marcan los Presupuestos Generales del Estado y que se situaría en el 0,3% del global de la masa salarial.
Pendiente está también otro de los planteamientos que comprometió Campo en 2004 y que también se ido perdiendo como proyecto en los últimos cinco años: la instauración del Debate sobre el Estado de la Ciudad, que está ya en el eje de funcionamiento de muchos Ayuntamientos del entorno.
