La merindad burgalesa de Cuesta Urria, dependiente del Ayuntamiento de Nofuentes y del partido judicial de Villarcayo, a apenas hora y media en coche de Bilbao y Vitoria, sopesa presentar su candidatura a albergar un cementerio nuclear durante 60 años. Su alcalde, Alfredo Beltrán, aseguró que «estamos dispuestos a estudiarlo» una vez que el Ministerio de Industria publique en el BOE la convocatoria para lo que técnicamente se denomina un ATC (Almacén Temporal Centralizado), algo que está previsto se produzca antes de final de año.
«Cuando salga se valorará como una convocatoria más», dice Beltrán. Pero ésta es diferente. A la espera de que se concreten, las condiciones económicas del Gobierno se antojan ventajosas para cualquier municipio pequeño -Cuesta Urria no llega al medio millar de habitantes- y en el núcleo de incidencia de una central, la de Garoña, que se extinguirá a partir de 2013. Se prevé invertir 800 millones, además de crear un parque centrado en el desarrollo de tecnologías para el tratamiento de los residuos y su posible reutilización. A ello hay que sumar 12 millones anuales en concepto de impuestos por el movimiento del material radioactivo.
«Si vemos que puede ser beneficiosa para el municipio, lo trasladaremos al consenso municipal y luego a las poblaciones y, a partir de ahí, tomaremos la decisión que tengamos que tomar. Pero estudiarlo, lo vamos a estudiar», incide Beltrán. El alcalde del PP -gobierna en la localidad con seis concejales, frente a uno del PSOE- puntualiza que en su orden de prioridades «lo económico es secundario». Tras ver el tipo de instalación «de la que estamos hablando» y sopesar los efectos «contraproducentes, valoraríamos los puestos de trabajo y después la repercusión económica». Se habla de alrededor de 400 nuevos empleos, «algunos de alta cualificación».
Consulta a los vecinos
La aceptación social del proyecto es clave. «Tenemos que intentar que si se toma esa decisión sea lo más consensuada posible. Si diéramos el paso trataríamos de conseguir la mayor información para que la gente pudiera pronunciarse». Cuesta Urria, de hecho, postularía tras consultar la opinión de los vecinos de 24 pueblos y 19 pedanías de la comarca. Buscaría así un refrendo a la candidatura que también estaría en la mente de los responsables municipales de localidades como Ascó, Vandellos y Tivissa, en Tarragona, o Yebra, en Guadalajara.
Los ofrecimientos que se concreten serán evaluados por un comité técnico que redactará un informe para la Comisión Interministerial. Ésta tomará la decisión sobre el emplazamiento del almacén. Y aunque la convocatoria será abierta, Madrid admite como «sensato» ubicar el ATC en zonas que tengan ya un pasado nuclear o, lo que es lo mismo, en cualquier población integrada en la AMAC (Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares).
«Lo primero que vamos a hacer -explica Beltrán- es poner encima de la mesa el impacto medioambiental que pudiera tener». Luis Oviedo, portavoz de Ecologistas en Acción en Burgos, ya advierte de que la negativa de la población será mayoritaria. Entiende que no se trata de un simple vertedero, sino de un núcleo con una «actividad nociva que puede mantenerse durante 200.000 años».
La Merindad se enfrentará también a una situación particular. El Parlamento vasco ha pedido en reiteradas ocasiones el cierre de la central de Garoña -en junio ya con Patxi López en el Ejecutivo-. Y el PNV da hoy su cobertura parlamentaria al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
