El PP se quedó casi solo. Su aspiración de que los profesores sean considerados como autoridad pública fue tumbada ayer en la Cámara baja. El Congreso rechazó -con los votos del PSOE, CiU, PNV, ERC-IU y gran parte del Grupo Mixto- la proposición de ley para modificar la Ley Orgánica de Educación (LOE) y reconocer a la profesión docente como autoridad en el ejercicio de sus funciones, una condición que permitiría tipificar como 'atentados' las agresiones que sufren los maestros. Los populares tan sólo recabaron el apoyo de Rosa Díez (Unión, Progreso y Democracia).
En defensa de su iniciativa, el representante del PP, Juan Antonio Gómez Trinidad, recordó que la LOE establece que las administraciones educativas «velarán por que el profesorado reciba el trato y consideración acordes con la importancia social de la tarea». Alegó que «resulta más necesario que nunca» que los docentes gocen de mayor apoyo posible, además de recordar que la Fiscalía General del Estado ya aconseja a los fiscales que califiquen como atentado a la autoridad las agresiones a los funcionarios en el ámbito educativo. «Es un clamor social. Hay miles de denuncias ante el Defensor del Pueblo y el Defensor del Profesor, institución creada por un sindicato docente», se lamentó.
Pero la iniciativa 'popular' se vio truncada en su debate plenario. Tanto el PSOE como diversos grupos parlamentarios de la oposición reprocharon al representante del PP que defendiera una iniciativa de esas características cuando, en la actualidad, se está buscando el consenso para alcanzar un pacto de Estado por la educación.
«Peligrosa» tendencia
La diputada del PSOE Cándida Martínez dejó caer que la proposición de ley del PP podría perseguir «dificultar la posibilidad» de llegar a un gran acuerdo en el ámbito de la docencia. «No vamos a entrar en la dinámica y la demagogia de ustedes. La autoridad docente se trata de un tema serio y complejo para mantener un debate sereno y profundo en el marco del pacto de Estado». Además, la parlamentaria socialista afirmó que su grupo no compartía «reducir el concepto de autoridad docente al ámbito penal, porque podría ser una tendencia peligrosa».
En nombre de CiU, Mercedes Pignen, reprochó al PP que su propuesta «no cuenta con el consenso de la comunidad educativa». Pignen coincidió con el PSOE en que una iniciativa de esta índole debe ser debatida en el marco del pacto de Estado sobre educación, máxime cuando «el ministerio no está cerrado a posibles reformas».
Coincidió en el mismo diagnóstico el representante del PNV, Aitor Esteban. «No es el momento para una reforma puntual de la LOE cuando estamos enfrascados en alcanzar un pacto de Estado en educación», manifestó. Esteban, ademas, no cree «necesaria» la modificación de la LOE «para conseguir unos efectos ya logrados» gracias a la citada circular de la Fiscalía.
El diputado de ERC Joan Tardà acusó al PP de practicar el «terrorismo ideológico blanco», por recurrir la Ley de Educación de Cataluña y también por su actitud ante la asignatura 'Educación para la Ciudadanía'. Ante las quejas del PP, retiró la expresión.
Sindicatos y asociaciones de profesores, como CECE o ANPE, lamentaron el rechazo a una medida «imprescindible». Otros, como FETE-UGT, aplaudieron que no saliera adelante.
