Comisiones urbanísticas millonarias, adjudicaciones amañadas de obras y de servicios públicos y blanqueo de capitales en paraísos fiscales. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón desató ayer la 'operación Pretoria' contra la corrupción inmobiliaria a gran escala en la provincia de Barcelona y situó en el epicentro a dos ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol y a los mandatarios socialistas del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, entre ellos su alcalde. Todos están acusados de delito fiscal, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Según las investigaciones, los ocho arrestados ganaron millones de euros en un gran 'pelotazo' urbanístico en Santa Coloma hace una década, entre otros negocios turbios. Decenas de agentes de los equipos adjuntos a la Fiscalía Anticorrupción de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil participaron desde las diez de la mañana en el operativo, que se saldó con ocho detenidos y trece registros en los municipios catalanes de Santa Coloma, Sant Andreu de Llavaneres y L'Hospitalet. Los primeros arrestados fueron los dos veteranos ex altos cargos de Convergencia i Unió, cuyos movimientos patrimoniales hace siete años pusieron a la Guardia Civil sobre la pista de la trama corrupta: Lluís Prenafeta, de 70 años, 'mano derecha' de Pujol mientras gobernó y antiguo secretario de Presidencia del Ejecutivo autonómico, y Macià Alavedra, de 75 años y ex titular de las carteras de Gobernación y Economía.
A continuación, se produjeron las detenciones del alcalde socialista de Santa Coloma desde 2002 y vicepresidente primero de la Diputación de Barcelona, Bartomeu Muñoz, y dos de sus hombres de confianza en el Consistorio, Pascual Vela, director gerente de servicios, y Manuel Dobarco, tercer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y presidente de la empresa municipal de la vivienda Gramepark, uno de los pilares de la presunta trama Gramepark y que gestiona desde hace 20 años la promoción de pisos de protección oficial y municipales.
Antecedentes
Garzón también ordenó la captura del ex diputado socialista Luis García Sáez, quien ya estuvo imputado por estafa cuando presidía la inmobiliaria AGT, y de dos conocidos promotores catalanes relacionados con las operaciones urbanísticas bajo sospecha, Josep Singla, constructor y presidente de la inmobiliaria Proinosa, y Lluís Casamitjana, presidente del grupo inmobiliario Espais.
Los agentes centraron los registros en el Consistorio de Santa Coloma. Los funcionarios tenían como objetivo varios documentos sobre contrataciones. En el Ayuntamiento de la cercana Sant Andreu de Llavaneres, gobernada por CiU, recopilaron información sobre convenios urbanísticos, en particular el de 2006, aunque no practicaron detenciones. Y en L'Hospitalet, los guardias inspeccionaron un local de la constructora Ortega, una mercantil encargada de uno de los planes urbanísticos de Santa Coloma y que incluye la construcción de 400 aparcamientos.
La 'operación Pretoria' hunde sus raíces en una investigación iniciada por Garzón en 2002 sobre el BBV y sus oficinas en las Islas británicas de Jersey. Durante la instrucción de esa causa, en 2005 aparecieron los nombres de varios despachos de abogados barceloneses en apariencia relacionados con el envío de dinero para el blanqueo a ese paraíso fiscal del Canal de la Mancha. Y también salieron a la luz en 2007 las identidades de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta.
Los nombres de ambos se vinculaban al supuesto envío de millonarias cantidades a Jersey con el fin de opacar ese dinero que procedería de un 'pelotazo' urbanístico en Santa Coloma, en un solar que hoy ocupa un centro comercial. Aquellos terrenos fueron subastados al principio de la década. Los compradores lo revendieron a un precio muy superior posteriormente y antes de comenzar a edificar.
Luego, tras la construcción de los locales comerciales y un hotel, de nuevo esas propiedades cambiaron de mano, dejando tras de sí, según el sumario, un reguero de millones y comisiones que salpican a los otros siete detenidos y a una veintena más de sospechosos, cuyo papel en la trama esperan aclarar Garzón y la UCO con los documentos encontrados ayer en los registros.
