H ace ya unos cuantos años que algunos sagaces observadores de la realidad política en Cataluña acuñaron el término del 'oasis catalán' para referirse sarcásticamente al clima aparentemente bonancible y sosegado que regía las relaciones entre los principales actores de la comunidad autónoma, especialmente cuando se comparaba con la mucho mayor acritud y dureza de la vida partidaria madrileña. Según esos mismos observadores, la paradisíaca política catalana encubriría, en realidad, la tácita aceptación de una extendida 'omertá' al puro estilo siciliano con la que se tapaba la corrupción consentida y se premiaba el silencio cómplice. Probablemente el bufo episodio del 3%, tanto por lo que hace a la insólita denuncia por parte del entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, como a la febril y total esfumación de este asunto de la escena pública, representó como ningún otro esa característica de la política catalana.
Pues bien, tras la reciente sucesión de escándalos como los dudosamente valiosos informes encargados por el tripartito, el 'caso Millet' o la 'operación Pretoria', da la impresión de que algo puede estar cambiando en el oasis. Esperemos que así sea y que el hartazgo de los ciudadanos españoles -catalanes incluidos- hacia la corrupción fuerce a los políticos a una reforma seria de nuestras instituciones políticas y administrativas que no se quede esta vez sólo sobre el papel. Si nos detenemos en las primeras informaciones disponibles sobre las detenciones practicadas ayer, los grandes protagonistas vuelven a ser los mismos: urbanismo, contratación pública y financiación de partidos.
La incidencia de la corrupción es mucho más elevada en países en los que la confianza pública en las instituciones políticas es menor. Si queremos romper el círculo vicioso de la corrupción y recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema político, tales reformas son inaplazables. Dado que la corrupción no es un crimen pasional sino de puro cálculo, la transparencia en los asuntos públicos, así como las sanciones adecuadas y la efectividad de su aplicación, son elementos claves para desincentivar las prácticas ilícitas.
