Además de los 12,5 millones de deuda que el Alavés tiene previsto pagar de forma gradual en cinco ejercicios, la celebración de su junta de acreedores exige un desembolso inmediato de uno a los acreedores que disponen de privilegio. Es decir, aquellos que, como la Seguridad Social y algunos ex futbolistas, se encuentran con prioridad en la lista.
No obstante y una vez firmado el convenio, el club podría optar por negociar de forma individual con sus acreedores. Fuera del concurso, cualquier acuerdo privado es válido. Esta fórmula ha sido la más utilizada en otras intervenciones judiciales de clubes de fútbol. Incluso, se ha llegado a pactos para perdonar cantidades muy importantes.
El Alavés cuenta con 275 acreedores y el club, que ayer no se pronunció sobre la decisión judicial, tiene mucho trabajo por delante.
