La Diputación sufrió ayer un revés judicial en su intención de aplazar la junta de acreedores del club vitoriano. Tras conocer la decisión y en declaraciones a EL CORREO, el diputado de Hacienda, José Luis Cimiano, aseguró que la institución foral «respeta» la decisión de la juez, pero también apuntó que a partir de la aprobación del convenio «velará» por el «cumplimiento de hasta el más mínimo de los pagos y requisitos» contemplados dentro del plan de viabilidad.
En ese sentido, recordó la existencia de revisiones «semestrales» en el juzgado para comprobar que se sigue de forma escrupulosa. «Cualquier acreedor puede pedir la liquidación del club si existen impagos», explicó. Entre otras cuestiones, la Diputación seguirá muy de cerca la marcha de la ampliación de capital alavesista. Y es que se trata del punto que, hace ya varias semanas, desencadenó la polémica con los gestores albiazules. Ortiz de Zárate convocó una ampliación de 2,1 millones, pero la institución foral le exigió que se llegará al menos a tres. Finalmente, ha quedado en 3,2.
Consejo extraordinario
La celebración de la junta de acreedores el próximo martes exigirá a la Diputación acelerar los trámites. En ese sentido, la entidad foral tiene previsto realizar un consejo de diputados extraordinario este lunes para dar de forma oficial luz verde a su apoyo al Alavés. A partir de ahí depositará su adhesión al convenio en el Juzgado de lo Mercantil de Vitoria, ya que de esa forma ni siquiera será necesaria la representación foral en la junta.
Cimiano aseguró que durante todo el proceso la Diputación «nunca ha tenido la intención» de dar un voto negativo al convenio y comprometer así la continuidad del Alavés. Entre otras cosas, precisó, porque «es una empresa que como otra cualquiera sigue generando impuestos y además tiene un respaldo social en la ciudad». El diputado de Hacienda matizó también que el ente no solicitará al club garantía alguna sobre el aumento de capital antes de la junta.