En tiempos de crisis, toca apretarse el cinturón. El Departamento de Sanidad, que maneja el mayor presupuesto del Gobierno vasco al superar los 3.490 millones de euros, está negociando «a la baja» el precio de los servicios concertados, fármacos, obras, material sanitario y administrativo -gastos de explotación- para cuadrar uno de los balances económicos más austeros de los últimos años «sin tener que rebajar la calidad asistencial» que se presta en los hospitales y ambulatorios gestionados por Osakidetza. Cualquier recorte será bienvenido en un departamento donde dos tercios de la tarta que se lleva el Servicio Vasco de Salud -1.602 millones de euros- se dedican íntegramente a pagar las nóminas del personal.
Las autoridades sanitarias ya han dado los primeros pasos en su particular política de ahorro. La directriz marcada por los responsables de la dirección de gestión económica de la red pública es clara. El área dirigida por Iñaki Unzaga ha trasladado a los gestores de los diferentes centros sanitarios la necesidad de contener las inversiones y revisar los acuerdos alcanzados con anterioridad para ajustar los presupuestos al máximo. «Hay que hacerle un nuevo agujero al cinturón para poder mantener todas las prestaciones», advirtió el directivo.
El nivel de gasto en Osakidetza ha crecido en los últimos años en torno al 6% anual, una subida que los directivos intentarán frenar por todos los medios. «El crecimiento previsto para este ejercicio no superará el 2% en el peor de los casos, aunque lo ideal sería un incremento cero», precisó Unzaga. Entre las medidas que se están llevando a cabo destaca la renegociación de todos los contratos, tanto de los que finalicen ahora como de los que todavía están vigentes.
Las adjudicaciones que expiren en los próximos meses se revisarán para tratar de frenar el gasto en partidas tan importantes para las cuentas de Osakidetza como la compra de medicamentos -el año pasado se gastaron 173 millones- o de artículos sanitarios -177 millones-. Las condiciones económicas que se ofertarán a las empresas a partir de ahora no serán tan ventajosas como en concursos anteriores. Las tarifas fijadas por Sanidad en la licitación de productos de consumo diario -material de cura, administrativo, medicamentos...- podrían bajar hasta un 4%, según informaron fuentes del departamento.
Al margen de los precios fijados por la consejería en los concursos de determinados servicios, los centros hospitalarios juegan una baza muy importante en el plan de ahorro puesto en marcha por el departamento dirigido por Rafael Bengoa. Los grandes complejos sanitarios -Cruces, Basurto, Txagorritxu y Donostia- tienen margen de maniobra para renegociar los precios con laboratorios y otras empresas debido al volumen de negocio que manejan.
Detergente y paracetamol
Los contratos firmados con los diferentes proveedores -desde el que suministra el detergente a las lavanderías hasta el ladrillo de las obras o el paracetamol- serán revisados para lograr tarifas «más competitivas» en un «intento por rebajar los gastos corrientes», reconocen los responsables de compras. Hospitales como el de Cruces han llegado a conseguir descuentos de hasta el 30% en algunas partidas, mientras reconocen que en otras no han podido rebajar «ni medio céntimo» al tratarse de productos de primera necesidad -casi siempre medicamentos concretos- en los que no tienen margen de negociación. Donostia, Basurto y Txagorritxu también han recortado las inversiones para no recibir un tirón de orejas de la dirección económica.
Otro de los frentes en los que se va a intervenir es el de los conciertos con las clínicas privadas, que dependen del Departamento de Sanidad y absorben buena parte del gasto. De hecho, Euskadi es la tercera comunidad autónoma que más servicios sanitarios tiene contratados con la red privada. La consejería destinó el año pasado cerca del 7% de su presupuesto -más de 240 millones de euros- a pagar las intervenciones realizadas a pacientes de Osakidetza en clínicas concertadas, dos puntos por encima de la media española. Una política de subcontrataciones que los sindicatos siempre le echaron en cara al equipo anterior y que el nuevo consejero parece que va a mantener pese a las reivindicaciones de las centrales.
En una entrevista concedida a este periódico, Rafael Bengoa aseguraba que «al paciente que tiene un problema lo que menos le importa es la entidad donde se le va a tratar. Nuestra obligación es organizar las cosas para que se le preste la atención en el mejor sitio y lo más rápidamente posible. En ese sentido, no tengo ningún problema en llegar a un acuerdo con una clínica privada». No obstante, el equipo de Bengoa no descarta una revisión a la baja de los contratos firmados con la red privada por el anterior consejero dentro de su política de contención de gasto. El Departamento de Sanidad ha heredado del gabinete de Gabriel Inclán los «precios máximos» que se pagarán este año a los centros concertados según el tipo de prestaciones que realicen.
Una sustitución total de cadera, por ejemplo, puede llegar a costar a las arcas públicas hasta 4.456 euros. El precio de una mamografía se fijó en 56 euros, mientras que por una sesión de hemodiálisis en un centro hospitalario se paga 138 euros. La mayoría de los casos que se derivan a clínicas privadas son intervenciones relativamente sencillas o pruebas complementarias para «reducir las listas de espera» en las especialidades con mayor demanda. Las operaciones más complejas se realizan casi siempre en los hospitales de la red pública.
