La Comisión Europea, en un informe hecho público la pasada semana, mostró su preocupación sobre la sostenibilidad del modelo asistencial español a largo plazo, con especial mención a las pensiones y a la sanidad pública. Si no median reformas, el aumento de la esperanza de vida de la población hará insuficientes los ingresos derivados de un contingente laboral menguante respecto a una exigencia de gastos creciente. Es la lógica consecuencia de la transformación de la sociedad española y del notable desarrollo del Estado del Bienestar, con una potenciación del nivel asistencial y de la protección del ciudadano que han estirado hasta el límite la disponibilidad económica y que la crisis ha puesto definitivamente en cuestión.
Cuando tomó posesión de su cargo, el actual consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, delimitó claramente las prioridades de su departamento: cambiar el modelo de funcionamiento de Osakidetza, para mejorar la atención al paciente, y profundizar en estrategias de ahorro que permitan optimizar unos recursos escasos y cada vez más necesarios. Se trataría de renovar los procedimientos y las dinámicas asistenciales ante dos hechos irrefutables que han convertido en obsoleta la fórmula actual: las imparables mejoras tecnológicas y el aumento progresivo del universo a atender. Ambas realidades hacen que no baste con modernizar el sistema presente, ya de por sí tocado -y así lo demuestran estadísticas comparativas y encuestas de satisfacción-, y que se requiera arbitrar medios y tomar decisiones que garanticen su viabilidad.
El actual contexto de grave crisis económica, con un descenso en la recaudación de las haciendas vascas superior al 19% que afectará a las dotaciones presupuestarias, confiere una especial dificultad a la estrategia planteada por el consejero y realza la importancia de las políticas de contención de gasto: la única manera de mantener y mejorar los servicios y de habilitar medios para la renovación. El Departamento de Sanidad, con casi 3.500 millones de euros, es el área con mayor presupuesto del Gobierno vasco y una de las de más compleja administración. Lo que conlleva, a su vez, la posibilidad de un amplio margen de mejora en la gestión y en el aprovechamiento de los recursos. El gasto en farmacia, los contratos con proveedores o los conciertos con la sanidad privada, partida que representa el 7% del presupuesto -la tercera comunidad autónoma que más recurre a esta alternativa-, son campos sobre los que actuar. Aunque la prioridad se halla en su propia estructura: la potenciación de una cultura de la austeridad y la eficacia que abarque a toda la red, a cada servicio y a cada trabajador, y la mejora de la organización y las conexiones entre centros y niveles asistenciales, para evitar gravosas duplicidades y solapamientos, son imprescindibles. Sin duda, afrontar la reforma del sistema en plena crisis es un gran reto. Pero no hay otra opción, porque la idoneidad y suficiencia de las prestaciones y la calidad asistencial están íntimamente relacionadas con la capacidad de progresar hacia un modelo diferente de sistema de salud que responda con precisión a las necesidades, presentes y futuras, de una sociedad en cambio.
