El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó ayer el encarcelamiento de Arnaldo Otegi; del ex secretario general de LAB, Rafa Díez Usabiaga; de la hija de Patxi Zabaleta, Miren Zabaleta; de Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto, acusados de un delito de integración en ETA. Según el auto del magistrado, ellos, junto con los también detenidos Amaia Esnal, José Luis Moreno y José Manuel Serra, se encontraban a las órdenes de ETA para crear un nuevo polo soberanista a partir de las directrices de la organización terrorista.
Según el escrito de Garzón, ocho de los diez arrestados formaban parte de Bateragune, creado en 2003 y considerado como «la comisión de coordinación de la izquierda abertzale». Su función era la de actuar como enlace entre la propia ETA y la estructura de la izquierda abertzale, por lo que debían informar a la banda «de los éxitos y los fracasos conseguidos en la puesta en práctica de sus decisiones».
El relato del juez destaca que los terroristas diseñaron en 2008 una estrategia -resumida por Garzón como «combinación criminal de votos y bombas»- en la que buscaban conseguir una «amplia mayoría social» con contactos con EA, Aralar, Abertzaleen Batasuna -escisión vascofrancesa de Batasuna- y ELA, al mismo tiempo que empleaba «la lucha armada como método de enseñanza».
El esbozo de esta iniciativa se encontró en un documento incautado en abril de este año al miembro de la banda Ekaitz Sirvent, al que se considera uno de los responsables del aparato político de la organización. En ese texto, la banda se planteaba llevar a cabo atentados y, poco después, «establecer un plazo de seis meses para observar los resultados». «Los altos el fuego», añade, «tienen validez únicamente de cara a Euskal Herria. Podríamos realizar acciones en España puntuales». Esta frase revela que ETA consideraba la posibilidad de dejar de cometer atentados en Euskadi, pero no en el resto de España. La situación es similar a la producida en 2004, cuando ofreció una tregua sólo para Cataluña tras su encuentro con Carod Rovira. En este caso, sin embargo, el alto el fuego no sería explícito, sino que se gestionaría en función de los contactos con los partidos nacionalistas.
El magistrado, a la hora de establecer la relación entre las decisiones de la banda y las actuaciones de Bateragune, cita algunas cartas intervenidas al ex secretario general de LAB Rafa Díez Usabiaga, entre ellas, una enviada a una militante de ETA, en las que analizaba las perspectivas ante las elecciones europeas o los resultados de los comicios al Parlamento vasco. Lo hacía en función del futuro de Bateragune como elemento que serviría para «una acumulación de fuerzas soberanistas para conseguir una izquierda independentista eficaz».
Esta definición se empleó en la presentación pública del proyecto en marzo de 2009, en una rueda de prensa a la que asistieron, entre otros, Otegi, Zabaleta, Arkaitz Rodríguez, Rafa Díez, Miren Zabaleta y la actual secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide. A juicio del magistrado, las iniciativas de Bateragune «responden a una decisión previa de ETA y se enmarcan en un proyecto de carácter político militar, que, junto a sus apuestas políticas, contempla campañas de violencia terrorista vinculadas a su evolución, a ejecutar por ETA». «Es decir», resume el magistrado, «no existe autonomía alguna de las iniciativas de Bateragune respecto de ETA».
«Irritación» de ETA
Uno de los textos que sustenta esta versión es un escrito titulado 'Komunikazio orokorra 0906' encontrado en poder de Ainara Oiz Elorriaga. El pasado martes, día de la detención de Otegi y el resto de miembros de Bateragune en la sede central de LAB en San Sebastián, esta joven fue sorprendida cuando salía de la casa de Miren Zabaleta con una caja repleta de documentos. Uno de los papeles era este escrito que, según el juez, era una carta de ETA a Bateragune fechada en junio de este año.
El papel recoge un reproche de la banda a este colectivo por no ceñirse a sus dictados y les recuerda que «la izquierda abertzale, sus responsables y las estructuras no se tienen que meter en los altos niveles de definición del proceso democrático, no les corresponde a ellos». «Nos irrita enormemente que se siga debatiendo sobre un modelo de proceso que no es compartido por la organización», subraya.
Esta recriminación de ETA a los componentes de Bateragune incluye las pautas que la banda obliga a seguir a la izquierda abertzale, entre las que se encuentra la «apuesta por unificar fuerzas a favor de los derechos nacionales de Euskal Herria» -en una reiterada referencia al polo soberanista-. Además, la organización fija como ejes de movilización que se debían llevar a cabo en verano la lucha contra el TAV, la defensa de los presos -«tienen que ser una constante las denuncias de la desaparición de Jon Anza»-, la proclamación a favor de la independencia y la dinámica a favor de la autodeterminación.