POLÍTICA
Tras el fallo de Estrasburgo, LAB y
Etxerat se han convertido en los últimos
colectivos legales de la izquierda abertzale
El pasado 1 de julio, Arnaldo Otegi tildaba de «catástrofe» la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que convalidaba la Ley de Partidos por la que la izquierda abertzale había sido ilegalizada. La Corte comunitaria era la última esperanza de las bases y los dirigentes de las plataforma suspendidas para evitar su desaparición política, al haber quedado fuera de las principales instituciones y con sus actividades sometidas al más estricto control policial y judicial. Ese mismo mes, sin embargo, fue clave para acelerar las contradicciones internas que cada día atenazan con más fuerza al mundo radical.
Para entonces, ETA ya había diagnosticado que su situación era muy grave ante la posibilidad de que «se fortalezcan espacios que defiendan una izquierda abertzale» sin la banda. «Hay que neutralizarlos sin dejar que se fortalezcan», teorizaba la organización en abril de 2008, en referencia a Aralar. Para entonces, el sindicato LAB y el colectivo de familiares de presos Etxerat era los únicos colectivos vinculados a la izquierda abertzale que mantenían una presencia legal en medio de la presión legal. Sus existencia, sin embargo, no garantizaba la supervivencia del MLNV.
El polo soberanista -una unión de partidos nacionalistas sin el PNV y liderada por la izquierda abertzale- se convirtió entonces en la herramienta que comenzó a manejar la izquierda radical para intentar superar su ostracismo. Sin embargo, el gran obstáculo seguía siendo la violencia. EA, EB o Aralar pusieron por delante de cualquier acuerdo político el rechazo a la violencia. O una garantía de que la banda estaba dispuesta a conceder algún tipo de tregua que amparase el trabajo en conjunto. Otegi echó por tierra esta posibilidad el 8 de julio, cuando aseguró que «la izquierda abertzale está dispuesta a buscar acuerdos» pero no podía garantizar que ETA los respetase. La organización «tiene la última palabra sobre su actividad», indicó.
Atentados
Once días mas tarde, los terroristas asesinaron en Bilbao al inspector de Policía Eduardo Puelles. El 29 de julio, la banda intentó provocar una masacre en el cuartel de la Guardia Civil de Burgos y, el día 30, asesinó en Mallorca a los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salva. Según todos los analistas, estos crímenes dejaban en evidencia que en el debate que pudiera existir en la banda sobre movimientos de cara a una hipotética ilegalización, los sectores más ortodoxos se habían impuesto. La apuesta de Otegi, que estaba siendo el último asidero para sectores críticos con la lucha armada existentes dentro de las cárceles o en sectores moderados de la izquierda abertzale, se quedaba sin referente.
