ÁLAVA
Forman parte de los
24 millones de euros que el Ayuntamiento
concedió en ayudas
sociales el último año
14.10.09 -
Una mujer pide dinero a los transeúntes en la plaza de Los Fueros de Vitoria. / EDUARDO ARGOTE
TODOS LOS DATOS
El liderazgo que ocupa Vitoria entre las ciudades españolas por el empuje que proporciona a las economías familiares más apuradas mediante ayudas sociales -pese a que la competencia es exclusiva del Gobierno vasco- tiene su lado oscuro: un margen mayor para la picaresca en torno a esas subvenciones. Así al menos lo sugieren los datos oficiales del Departamento municipal de Asuntos Sociales, encabezado por el socialista Peio López de Munain, que constatan un intento de fraude en estas prestaciones por un importe superior a los 900.000 euros en el último ejercicio.
Según su último informe, al que ha tenido acceso EL CORREO, esa cantidad supone el 3,8% del presupuesto global que la capital alavesa destinó a lo largo de 2008 a cubrir las solicitudes de Ayudas de Emergencia Social (AES) -para artículos de primera necesidad y alimentos- y de Renta Básica -para alquiler de viviendas-. En números absolutos, ese montante ascendió a cerca de 24 millones de euros. De ellos, el Gobierno vasco aportó el 87,5% y el Ayuntamiento puso el resto, el 12,5%. En Bilbao y San Sebastián cuando el dinero del Ejecutivo autónomo se acaba, los consistorios no aportan ninguna cantidad añadida.
La partida destinada en Vitoria se empleó en aliviar la llegada a fin de mes de 5.367 familias, el 91,2% de las que lo demandaron (5.888). De ellas, casi seis de cada diez (58,3%) cobró ambas prestaciones; dos de cada diez (19,3%) obtuvieron las AES y las demás, el 13,6%, se conformaron con la Renta Básica.
347 casos de picaresca
El desglose de la cantidad final dirigida a estas subvenciones revela que 7,4 millones de euros se dedicaron a sufragar esas prestaciones, mientras que el grueso, cerca de 16,6 millones, se lo llevaron las AES.
El análisis de los demandantes efectuado por los técnicos de Asuntos Sociales revela que 347 cometieron alguna práctica fraudulenta al pedir las subvenciones. En la mayor parte de los casos (156), porque no dieron parte al Consistorio de algún cambio en su situación; 122 ocultaron datos; 81 no residían en la vivienda que indicaron; 18 tenían un contrato de alquiler que no se ajustaba a la legalidad y 5 no destinaron la ayuda a la finalidad indicada.
La comisión de este tipo de actos en ejercicios anteriores impidió a otras 287 familias acceder a estas subvenciones en 2008. La detección de estos casos es fruto del protocolo que un decreto de Alcaldía aprobó hace cuatro años para detectar y evitar actuaciones fraudulentas en torno a estas prestaciones.
