La negociación para liberar a los 36 tripulantes del 'Alakrana' -entre ellos, ocho gallegos y ocho vascos- sigue adelante, pero «muy lenta, despacito». Fuentes cercanas al proceso indican que «la línea de diálogo está abierta» y se dan «pequeños pasos». Desde el primer día son los propios piratas los que llaman y se ponen en contacto con el armador, cabeza de la negociación, apoyado por el embajador español en Kenia, Nicolás Martín Cinto, y agentes del CNI. Por esta razón, la espera de novedades y la comunicación dependen del ritmo que imponen los secuestradores. El 'Alakrana', según fuentes del Ministerio de Defensa, sigue fondeado en el mismo lugar, ante la costa de Haradhere, vigilado de cerca por la fragata 'Canarias'.

Por segunda vez desde el domingo, los captores permitieron a los rehenes comunicarse con sus familias ayer por la mañana. Se desconoce si fue a todos. Únicamente Cristina Blach, hija del patrón del 'Alakrana', Ricardo Blach, de Bayona, confirmó que había recibido una llamada telefónica suya a las 9.20 horas. Le dijo que estaban «animados» y que los piratas les dejaban «comer, descansar y ducharse». Como en anteriores secuestros, los rehenes suelen estar bajo vigilancia, pero el trato es bueno. «Fue muy rápido, me dijo que están bien y le noté bien la voz», explicó.

El proceso de negociación está resultando más laborioso y complejo que en el caso del 'Playa de Bakio', liberado en abril de 2008 después de seis días, porque hay un incidente de por medio: la detención de dos de los piratas el pasado sábado, cuando se alejaron hacia tierra en uno de los botes, y la difusión de la captura por parte de Defensa. Éste es uno de los obstáculos, entre los muchos que tiene una situación de este tipo, que están retardando la búsqueda de soluciones. Pero las conversaciones van adelante «sin pasos atrás».

Por otro lado, tras el anuncio del arresto de los dos piratas, la Audiencia Nacional tomó de inmediato cartas en el asunto al considerarse competente, con el argumento de se trataba de un barco español con tripulantes españoles en aguas internacionales, fuera de la zona de control de la 'operación Atalanta'. El juez Baltasar Garzón, de guardia ese día, abrió un procedimiento y, tras oír al fiscal, el domingo pidió el traslado urgente de los dos detenidos a España para que ingresaran en prisión. De este modo se abrió una vía judicial que impide cualquier tipo de canje o acuerdo secreto en torno a estos dos secuestradores. A última hora de ayer, Defensa anunció que los dos piratas fueron entregados «al mando de la 'operación Atalanta'» para que los trasladara a España y los pusiera a disposición de la Audiencia Nacional. Fueron enviados de la 'Canarias' a otra fragata desplegada en la zona, cuya nacionalidad no se detalló. El ministerio tampoco aclaró la ruta que seguirán para llegar a España ni el tiempo previsto del viaje.

Malestar entre la flota

Entre la flota española en Seychelles, puerto base del Índico, reina el malestar por la difusión de la noticia del arresto, pues se teme que entorpezca la negociación. Fuentes de Defensa, que no entraron en la cuestión de confirmar o desmentir que así sea, explicaron ayer que se informó de la operación por «un principio de transparencia» y que, en cualquier caso, la máxima prioridad del Gobierno durante el secuestro siempre es la seguridad de los rehenes. En este sentido, apuntaron que se consideró que el anuncio de su captura «no afectaba negativamente a la liberación ni a las negociaciones» y por eso se hizo. Otra consideración a tener en cuenta es que la detención de los piratas podía proporcionar valiosa información sobre la situación del barco, los secuestradores y sus intenciones.

La operación, autorizada expresamente por el Gobierno, se realizó de noche y a distancia del 'Alakrana'. Al observar que un bote abandonaba la nave, la fragata 'Canarias', que seguía al atunero, se desvió para interceptarlo. Envió un helicóptero, que disparó unas ráfagas de advertencia para que se detuviera, y después, dos lanchas neumáticas. Al abordar el bote uno de los piratas realizó un gesto «amenazante» y resultó herido leve de un disparo.

El traslado de los dos detenidos se ha retrasado cuatro días desde la petición de Garzón por las dificultades «logísticas y legales». Defensa argumentó que no se podía enviar un avión militar a Kenia para recogerlos porque España no tiene acuerdos con este país. Sí los tiene la 'operación Atalanta', pero el barco había sido apresado fuera de su zona de control y no serían aplicables. Un precedente similar, el de los 13 piratas detenidos por la fragata 'Marqués de la Ensenada', terminó en junio con su procesamiento en Kenia, pese a que también eran reclamados por el juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional. La decisión llegó tras un largo tira y afloja entre el magistrado y Defensa. Esta vez la cuestión, en principio, parece encarrilada.

Delito de terrorismo

Los dos detenidos, identificados como Abdu Willy y Raageggesey, están acusados de un delito de asociación ilícita, 36 de detención ilegal -uno por cada rehén- y otro de robo con violencia y uso de armas, según el auto de Garzón. No obstante, el texto indica que las características del «grupo armado» del que forman parte aún no se pueden determinar y «no se excluye que pueda tener carácter diferente al de mero grupo organizado para la ejecución de secuestros». Es decir, el magistrado dejaría un resquicio abierto a una posible imputación de un delito de terrorismo, que aparece desde el principio como motivo de la incoación del procedimiento judicial. Como cuestión de fondo se halla la presencia creciente de Al Qaida en Somalia, a través del grupo islamista armado Al Shabaab. Es una de las facciones insurgentes de la guerra civil, implantada en el centro y sur, y se sospecha que podría recabar porcentajes de los rescates. Haradhere, donde se halla el 'Alakrana', está en su zona de influencia.

El matiz de considerar o no a los secuestradores un grupo terrorista quizá pueda influir en el futuro al pagar por la liberación. En el caso del 'Playa de Bakio' los 13 tripulantes españoles fueron llamados a declarar mes y medio después de regresar a sus casas. Entre las cuestiones investigadas se hallaba el abono del rescate, pero el caso empezó a ser instruido tras su puesta en libertad, sin ningún detenido, por un delito de piratería.