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Política

VIOLENCIA CALLEJERA

Sus abogados han pedido la suspensión de condena alegando que hoy por hoy, siete años después, los acusados tienen "vidas estructuradas" y "no hay peligro de que se repitan los hechos"
09.10.09 - 13:55 -

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Tres de los cinco jóvenes acusados de la colocación de artefactos explosivos y el lanzamiento de cócteles molotov contra varias sucursales bancarias de Vitoria durante el año 2002 han pactado hoy con el fiscal penas de dos años de prisión por estos hechos, que ayer admitieron haber cometido.
Íñigo Murga, Mikel Ruiz y José Antonio de la Red fueron detenidos el 7 de mayo de 2002 cuando se desplazaban en un coche en el que transportaban artefactos incendiarios, tras haber atentado con otros similares contra un cajero de la entidad bancaria Caja Vital-Kutxa.
Además de éste, habían atacado, desde enero del mismo año, los cajeros automáticos de varias oficinas del Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria, la Caja Vital-Kutxa y La Caixa en Vitoria, hechos de los que se declararon arrepentidos ayer en la primera sesión del juicio que ha quedado hoy visto para sentencia en la Audiencia Nacional.
El representante del Ministerio Público ha rebajado hoy su petición inicial de condena para estos tres imputados, que era de entre seis y ocho años de cárcel.

Previsiblemente no entrarán en prisión
Al tratarse de una pena menor, los procesados no entrarán previsiblemente en prisión, ya que sus abogados han pedido la suspensión de condena alegando que hoy por hoy, siete años después, los acusados tienen "vidas estructuradas" y "no hay peligro de que se repitan los hechos".
Además, estos tres imputados han pagado ya, desde el comienzo del proceso judicial, buena parte de la indemnización, que supera los 90.000 euros, que el fiscal solicita por los daños que causaron las explosiones en las entidades bancarias y varios vehículos.
En la vista se ha juzgado también a Oier Martínez y Gorka Betolaza -este último detenido en Francia en septiembre de 2004 y entregado a España para el cumplimiento de su condena-, que han negado que participaran en estos actos, aunque han sido imputados porque se encontró su ADN en prendas de ropa que aparecieron cerca de los cajeros atacados.
El fiscal les acusa por ello de los mismos delitos que a los otros tres acusados -daños terroristas y transporte de sustancias incendiarias-, y mantiene su petición de seis años de prisión para Betolaza, al que sólo le imputa uno de los ataques, y ocho para Martínez, al considerar que tomó parte en los cuatro.
El letrado que ha ejercido su defensa, y que pide para ellos la libre absolución, ha recordado durante su informe que la explicación que Martínez y Betolaza dan a esto es que poco antes de los hechos les había sido robada una bolsa con camisetas que habían utilizado para hacer deporte, lo que explicaría que en las prendas de ropa encontradas apareciera su material genético.
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