La personalidad de Silvio Berlusconi no deja indiferente a nadie. O eres amigo o eres enemigo, nunca simple conocido. Por ello, 'Il Cavaliere' tiene tantas cuentas pendientes, tantos affaires por los que responder, tantas explicaciones que dar. Hasta ayer, las cuentas legales estaban blindadas, no tenía ni siquiera que hablar de ellas. Con una legislación diseñada a su medida evitaba sentarse en el banquillo por presuntos delitos que sí penan al resto de los italianos.
El Tribunal Constitucional acabó ayer con la veda y ahora está a tiro de la legislación del país de la bota. Y por ello, una vez perdida la inmunidad, todo indica que los togados reclamarán la reapertura de las causas suspendidas.
El principal proceso judicial que amenaza al primer ministro transalpino se circunscribe a un caso de corrupción en el que también está involucrado quien fuera su abogado, el británico David Mills, condenado a cuatro años y medio de prisión por dar falso testimonio a cambio de dinero, concretamente 415.000 euros que quedó demostrado recibió de su cliente por testificar a su favor en dos causas abiertas en 1997 y 1998. Berlusconi, supuesto autor del soborno, evitó los cargos gracias al laudo Alfano.
La norma suspendida ayer también paralizó procesos por fraude fiscal y falsa contabilidad por la adquisición de los derechos televisivos y uno más por intentar sobornar a senadores de la oposición.
El procedimiento principal juzga presuntas irregularidades por valor de 470 millones de euros en su grupo de comunicación desde 1994 a 1999. Mediaset habría comprado películas estadounidenses a través de sociedades creadas en paraísos fiscales, precisamente por David Mills. Al pasar a otras entidades la operación se encarecía, enriqueciendo a Berlusconi. La Fiscalía sospecha que en la operación se aumentó de forma artificial y se desviaron a cuentas en el extranjero cerca de 280 millones de euros, con lo que se pudo eludir al fisco el equivalente a unos 170 millones de euros.
Compra de senadores
El caso por la compra de senadores se encuentra en fase de investigación preliminar. Existen indicios de que Berlusconi se hizo con el apoyo de dos representantes del centroizquierda durante el último Gobierno de Romano Prodi. Sus señorías sospechosas votaron a favor del centroderecha durante la tramitación de la ley financiera.
Pero su mayoría parlamentaria no pudo paralizar todas las acciones de la justicia italiana. Así, el Tribunal Civil de Milán condenó el sábado al conglomerado empresarial Fininvest, propiedad de 'Il Cavaliere', a pagar 750 millones de euros al grupo CIR (Compañías Industriales Reunidas) del empresario Carlo de Benedetti, por los daños patrimoniales derivados del control de la editorial Mondadori, perdida en una dura pugna con la compañía de Berlusconi. Los jueces encontraron al primer ministro «corresponsable» de la corrupción por la que su grupo llegó a apoderarse de la firma en 1990. Supone un duro golpe económico para el mandatario, que incluso le obligaría a vender el Milan, su amado equipo de fútbol.