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40 militares navegan en una decena de pesqueros galos ante la prohibición del Gobierno de Sarkozy de utilizar vigilantes
. Militares franceses, instantes después de abordar una lancha pirata en aguas de Somalia, que incluía diverso armamento. / AP
Desde julio, unos 40 militares navegan armados a bordo de la decena de atuneros franceses que faenan en aguas del Índico. Este dispositivo de protección contra la piratería, previsto hasta diciembre, es consecuencia de un convenio suscrito con el Estado a petición de los armadores. En Francia está prohibido embarcar vigilantes de empresas privadas.
Los atuneros no son los primeros barcos civiles con militares a bordo. Desde hace un par de años, comandos de marines viajan en los cargueros movilizados por Francia en los convoyes del programa alimentario mundial. Fusileros de la Marina también velan 'in situ' por la seguridad de los buques cableadores que tienden conexiones submarinas en las zonas peligrosas del Índico.
La protección militar embarcada ha sido extendida este verano a los atuneros, habida cuenta de su vulnerabilidad. «Teníamos el mismo problema que los armadores españoles o vascos. Nuestras tripulaciones temían salir del canal de Mozambique a zonas más expuestas», explica a este periódico Yvon Riva, presidente de la organización de productores de atún congelado (Orthongel), promotora de la iniciativa.
El representante patronal escribió al primer ministro, François Fillon, en petición de ayuda. «Le explicamos que si no teníamos una protección más eficaz que la 'operación Atalanta' no podíamos seguir faenando en el Indico», recuerda desde su despacho en Bretaña. Obtuvo una respuesta positiva y el jefe del Gobierno autorizó el despliegue de un dispositivo militar en las Seychelles. Procedentes de las bases de Brest, Lorient, Tolón y Cherburgo, los destacamentos se desplazaron hasta su estado mayor operativo en el archipiélago, instalado en Puerto Victoria.
Tres soldados y un jefe
El marco jurídico está fijado por un convenio entre el Estado y el armador que regula la presencia en cada atunero de un equipo de protección integrado por tres infantes de Marina y un jefe de misión. El texto precisa las obligaciones de las dos partes, el régimen de responsabilidad y la organización de la cadena de mando.
En el plano financiero, el armador asume los gastos de alojamiento y manutención de los militares, así como los sobrecostes por primas, desplazamiento, transporte, residencia y transmisiones. «Todavía no hemos recibido ninguna factura, pero calculamos un coste global en torno a 50.000 euros por barco y mes», adelanta Yvon Riva, con la reserva de que se trata de una «estimación aproximada».
El pabellón francés parece tener efectos disuasorios. Desde hace más de un año, ningún pesquero galo ha sido atacado. Pero los piratas son imprevisibles y, a veces, atolondrados. A finales de 2008 arremetieron contra una fragata militar francesa. No se dieron cuenta de que era un barco de guerra. Terminaron apresados.
Solidario «de todo corazón» con su colega vasco del 'Alakrana', el armador bretón opina que el dispositivo militar desplegado en el Índico «no es suficiente para erradicar el problema de la piratería». «Como último recurso, la única solución es llevar equipos de militares embarcados o milicias privadas, a condición de que sean serias y experimentadas», señala. Los gobiernos franceses, independientemente de su tendencia política, son de siempre muy reticentes con las empresas de seguridad privadas. «Los guardas armados están prohibidos en los barcos con pabellón francés», observa Riva. «Tendríamos que pedir al Gobierno una derogación legal para contratarlos. Y no estoy seguro de que la obtendría», concluye.
