INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA
La planta castellana producirá en 2011 el primer vehículo eléctrico en serie de España
Laurent, Zapatero y Herrera, durante la presentación de los planes de Renault para Valladolid./ EFE
Valladolid y parte de su industria tienen el futuro garantizado. El presidente de Renault España, Jean- Pierre Laurent, anunció ayer una inversión de 500 millones de euros -compartida al 30% con las administraciones españolas- para fabricar en la capital castellano leonesa dos nuevos vehículos, uno de ellos eléctrico, y un motor más respetuoso con el medio ambiente. Laurent confirmó la adjudicación de los novedosos productos para las factorías españolas acompañado por el presidente del Gobierno, el ministro de Industria y el titular del Ejecutivo autónomico.
El coche movido por electricidad se producirá en 2011, el motor 'verde' en 2012 y el tradicional -del segmento en el que ahora están el Clio y el Modus- a principios de 2013, lo que según Laurent da «tranquilidad para 5 años sin problemas» y «seguramente para más», hasta 10 si se mantiene el apoyo público. El ministro Sebastián y los sindicatos consideran que la apuesta garantiza el trabajo para los 10.000 empleados que integran las plantillas de Valladolid, Palencia y Sevilla.
Zapatero recurrió a Serrat para enfatizar el sentido del acuerdo: «Hoy puede ser un gran día». Y agregó que en momentos «de grave crisis» como el actual, «las ayudas públicas son las únicas vías que hay para reactivar la economía y el consumo». Horas después, en el Senado, citó la inversión en Renault para defender la criticada subida de impuestos.
El presidente aprovechó el compromiso de la firma del rombo con España para subrayar que «este país es competitivo y por eso las grandes marcas siguen apostando por él». «No sé si el pesimismo es un negocio, pero no es una inversión», apostilló dirigiéndose a la oposición.
El Gobierno contrapone el caso de Renault al de Magna en la Opel de Zaragoza, donde el consorcio austríaco quiere desprenderse de 1.250 operarios, lo que a juicio del Ejecutivo resulta «injustificable».
