La Diputación pedirá en breve el aplazamiento de la junta de acreedores que decidirá el futuro del Alavés y donde su voto resulta imprescindible para garantizar la continuidad del club. Tras la reprimenda recibida desde el Palacio de la Provincia, la entidad albiazul rectificó la pasada semana y aceptó elevar de 2,1 a 3,2 millones la ampliación de capital. No obstante, la institución foral, después de varios desencuentros con la entidad albiazul en los últimos meses, quiere hechos consumados. Así, en una nueva advertencia a Ortiz de Zárate, solicitará a la jueza que la cita donde se dilucidará la supervivencia albiazul, fijada para el 27 de octubre, se retrase. Al menos hasta que el presidente alavesista apruebe la ampliación en la junta de accionistas establecida para el 17 de noviembre.
La Diputación -que acumula con 10,8 millones el 43% de la deuda alavesista- criticó con dureza la pasada semana la gestión albiazul al juzgarla «nada seria» y ya apuntó la posibilidad de solicitar un aplazamiento de la junta de acreedores. En lo que ahora se antoja como una falta de confianza evidente en los dirigentes del paseo de Cervantes, la entidad foral, según ha podido confirmar EL CORREO, ha decidido cumplir con su 'amenaza'.
La decisión llega apenas tres días después de que Zárate asegurase que no veía «ningún motivo» para el retraso debido a que el Alavés había cumplido ya con las exigencias de la Diputación -que le pedía una ampliación mínima de 3 millones-. El dirigente albiazul calificó de «malentendido» la situación vivida con la ampliación de capital. Para el organismo foral, en cambio, se trataba de que el club había incumplido en un primer momento «un compromiso firmado» por el propio presidente.
Decidirá la jueza
La junta de acreedores del Alavés parece ya a estas alturas una reunión inestable por definición. Y es que en dos ocasiones anteriores ha sido aplazada. En la primera también fue la Diputación quien realizó la petición ante el juzgado. En aquella ocasión, debido a que el primer plan de viabilidad presentado por el club no incluía la posibilidad de descenso a Segunda B, algo que finalmente se concretó durante el pasado mes de junio. Después, la demora llegó a consecuencia de que el propio Alavés solicitó más tiempo para reestructurar sus cuentas tras la pérdida de categoría. En ambas situaciones la jueza dio el visto bueno y ahora deberá tomar de nuevo una determinación.
Pese a que la tensión entre la Diputación y el club vitoriano parece evidente, todo apunta a que más tarde o más temprano la institución foral será, con su voto favorable al convenio, la que permita subsistir al Alavés.