El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha ordenado el traslado urgente a España e ingreso en prisión de los dos piratas somalíes detenidos por la fragata 'Canarias' por participar en el secuestro del atunero vasco 'Alakrana' en aguas del Océano Índico. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional accede así a la petición de la Fiscalía, que acusa a los detenidos, identificados como Abdu Willy y Raagegeesey, de 36 delitos de detención ilegal (uno por cada uno de los tripulantes retenidos) y uno de robo con violencia y uso de armas.
Así, el juez da instrucciones a Defensa para que informe a los detenidos de sus derechos constitucionales y de que están a disposición de la Audiencia Nacional y para que facilite a la Policía "todos y cada uno de los datos que se produzcan en el desarrollo de la investigación", debiendo conservar todos los documentos y el material que se intervengan. En la resolución, que responde a la petición hecha esta mañana por la Fiscalía, Garzón explica que los hechos se ubican en el ámbito de aplicación del artículo 23.4.c e i de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en relación con la Convención de Ginebra sobre Alta Mar de 1958 y el Convenio de Montego Bay de 1982, lo que "impone la competencia de la jurisdicción española".
Añade que la medida de prisión adoptada se corresponde con la "suma gravedad" de los hechos y que tiene como fin cubrir "las más de 72 horas que, previsiblemente, van a transcurrir (hasta la llegada a España de los detenidos) y que sería el plazo legal de detención para legalizar, previa comparecencia de los imputados", su situación. El juez se refiere a los detenidos, identificados como Abdu Willy y Raageggesey, como componentes "del grupo armado" autor de la captura del Alakrana, "cuyo carácter en este momento no puede determinarse, con lo cual no se excluye que pueda tener carácter diferente al de mero grupo organizado para la ejecución de secuestros".
Garzón deja así la puerta abierta a la calificación de los hechos como delito de terrorismo, uno de los que contempló en el auto en el que ayer ordenó la incoación del procedimiento judicial, han informado fuentes jurídicas. El auto hace un relato de lo sucedido desde que, a las 7:52 horas del pasado día 2, se tuvo constancia del secuestro del atunero en aguas internacionales del Océano Índico.
"Una vez capturado y en poder de los piratas, el pesquero inició rumbo hacia las costas somalíes", dice Garzón, que añade que el pasado sábado un avión de patrulla marítima española en misión de reconocimiento "comprobó que del referido carguero faltaba un esquife, un motor fuera borda y una escala".Tras localizar el bote, en el que viajaban dos de los secuestradores, las Fuerzas Armadas "procedieron al abordaje y detención de los ocupantes de la embarcación", que se detuvo después de que se dispararan varias ráfagas de ametralladora como fuego de intimidación. Dos embarcaciones neumáticas con marineros de la fragata Canarias se aproximaron al esquife y conminaron a sus ocupantes a que se incorporaran y se trasladaran a proa, pero éstos desoyeron las órdenes.
El jefe del equipo ordenó entonces el abordaje, "momento en el cual una de las personas se levantó brusca y repentinamente iniciando un movimiento sospechoso con la mano, por lo que miembros de las fuerzas asaltantes hicieron dos disparos de intimidación", uno de los cuales alcanzó a uno de los piratas en el pecho, aunque sin afectarle a órganos vitales. El juez termina recordando que el resto de componentes del grupo al que pertenecen los detenidos "continúa a bordo del pesquero Alakrana y mantienen en su poder a los 36 rehenes miembros de la tripulación y marineros".
Proposición de la Fiscalía
Garzón abrió ayer un procedimiento judicial contra estas dos personas tras ser informado por las autoridades correspondientes de su detención y de los resultados del operativo desplegado para liberar a los 36 tripulantes del Alakrana, que fue secuestrado el pasado viernes en aguas del Océano Índico. Hoy, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado el ingreso en prisión de los dos piratas, a los que acusa de 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas. En el escrito que el fiscal ha presentado ante el juez Baltasar Garzón, el Ministerio Público entiende que la Audiencia Nacional es competente para actuar en el caso del 'Alakrana', ya que se trata de una agresión contra un buque español y contra ciudadanos españoles.
Asimismo, considera que el secuestro del barco y la detención de los piratas se ha producido fuera de la zona de seguridad de la operación 'Atalanta' de la Unión Europea, por lo que no es de aplicación el acuerdo firmado con Kenia que el pasado mes de mayo permitió la entrega a este país de otros siete piratas somalíes que fueron detenidos por militares españoles del buque Marqués de la Ensenada. Para el Ministerio Público la única jurisdicción competente en este caso debe ser la jurisdicción española al amparo del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece la competencia de la justicia española para conocer de este tipo de delitos cometidos fuera del territorio nacional, de la Convención de Ginebra sobre Alta Mar y del convenio de Montego-Bay de 10 de octubre de 1982.
De conformidad con la LOPJ, señala, "la competencia para la instrucción y enjuiciamiento está atribuida legalmente a los órganos jurisdiccionales de la Audiencia Nacional". La Fiscalía pide por esa razón al juez que acuerde de forma inmediata la prisión provisional incondicional para los dos detenidos, identificados como Abdu Willy y Raagegeesey, y solicita que ambos sean trasladados a España para ser puestos a disposición judicial y tomarles declaración.
El juez Baltasar Garzón estaba a la espera de recibir este informe de la Fiscalía para adoptar una decisión en el procedimiento judicial que abrió ayer contra los dos piratas arrestados por su participación en el secuestro del 'Alakrana'. El magistrado, que abrió la causa por un delito de secuestro y otro de posible terrorismo en el marco de acción de piratería, deberá ahora decidir si pide el traslado a Madrid de los detenidos para tomarles declaración y ordenar su ingreso en prisión, como pide el fiscal.
Juzgados en España
Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha explicado hoy en La Haya (Holanda) que los dos piratas somalís podrán ser juzgados en España porque han cometido un delito contra ciudadanos españoles. "La tripulación del atunero es española y también tenemos un buque español, por lo que hablamos de un delito extraterritorial" contra un ciudadano de esta nacionalidad, ha puntualizado.
También ha precisado, además, de que en estos casos no es necesario recurrir a la jurisdicción que considera la piratería como un delito universal. Caamaño ha viajado hoy a La Haya para explicar a su homólogo holandés, Ernst Hirsch Ballin, las prioridades de la Presidencia española de la Unión Europea (UE) en material judicial.