El debate sobre la protección jurídica del Concierto vuelve allí donde quedó empantanado a finales de 2006, cuando el PNV y el Gobierno central alcanzaron un principio de acuerdo para promover el blindaje que finalmente quedó en agua de borrajas. Dos juristas en representación del PNV mantuvieron ayer un primer contacto con expertos del Ministerio de Hacienda para empezar a desbrozar el camino y exponer sus respectivas posiciones sobre el alcance y los contenidos que debería tener la reforma legal encaminada a equiparar las normas tributarias dictadas por las Juntas Generales con las leyes ordinarias de cualquier comunidad autónoma.
Fue simplemente una reunión técnica y meramente expositiva, sin avances de cara a un entendimiento entre las partes. En todo caso, el PNV, según confirmaron a este periódico fuentes del partido, colocó el listón de sus exigencias en una cuestión que juzga fundamental: evitar en la práctica que las comunidades limítrofes puedan recurrir las normas fiscales vascas.
La reforma de las dos leyes orgánicas -que apoyan todos los partidos con representación parlamentaria en Euskadi excepto UPyD- daría a las normas forales fuerza de ley y por lo tanto sólo podrían ser recurridas ante el Tribunal Constitucional y nunca ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En consecuencia, los particulares quedarían excluidos como recurrentes y se evitaría que, como ha sucedido en el pasado, sindicatos, patronales o cámaras de comercio puedan litigar contra el Concierto.
No obstante, los jeltzales exigen que quede garantizado también que comunidades como Castilla y León o La Rioja no puedan impugnar las normas ante el Constitucional -la ley les faculta para hacerlo, pero sólo contra el ordenamiento que invada sus competencias, en la práctica las leyes del Gobierno- porque, de lo contrario, «poco avanzamos», indican los medios consultados. En la negociación frustrada de 2006 los técnicos del Ejecutivo propusieron que las autonomías pudieran alegar «interés legítimo» para recurrir las disposiciones tributarias de Euskadi y no sólo invasión competencial.
A poco más de una semana del debate en el Congreso de la proposición de ley de la Cámara vasca -el próximo 13 de octubre-, el Gobierno autónomo y sus socios preferentes del PP han interiorizado la capital importancia que resolver el debate a su favor tiene para su credibilidad política y para evitar dar bazas de incalculable valor al PNV. Ayer, por boca de Joseba Egibar, este partido consideró «obligado» que el lehendakari haga gestiones en defensa de Euskadi, pero incidió en que «lo verdaderamente sorprendente es que está absolutamente desaparecido» desde que se inició la polémica.
Sin «chantajes»
El dirigente peneuvista interpretó así que el lehendakari López intente, como avanzó ayer este periódico, desenmarañar la madeja directamente con José Luis Rodríguez Zapatero. Una vía que el PP respaldó e incluso exigió ayer, por una razón fundamental. Si el acuerdo llega como una concesión al PNV a cambio de su apoyo a los Presupuestos «ahuyentará» sin duda a los populares, que quedarían fuera del consenso, podrían ser tachados de incoherentes por el PNV y, de rebote, perderían 'punch' para seguir desgastando en Madrid al jefe del Ejecutivo central.
El líder alavés del partido, Alfonso Alonso, avisó ayer de que su formación no aceptará «chantajes» ni «cambios de cromos» en este sentido e instó a López a «liderar una solución institucional desde el consenso» que deje el blindaje al margen de la negociación presupuestaria. Alonso exigió al lehendakari que «coja el toro por los cuernos» y solvente la papeleta «respetando las posiciones de todos».
En el PSE -según aseguró José Antonio Pastor en Radio Euskadi- están convencidos de que el diálogo «fluido, asiduo y frecuente» entre López y Zapatero, «sin pulsos» pero «con inteligencia», resulta «una garantía de que esto salga adelante sin problemas».