POLÍTICA
La trascendencia que el PNV trata de dar al mal llamado blindaje del Concierto está cargada de tal oportunismo que puede llegar a cuestionar la oportunidad de la iniciativa
03.10.09 -
Los esfuerzos realizados y la diatriba suscitada en torno al mal llamado blindaje del Concierto Económico se han convertido en el último espejo en el que se reflejan las dobleces de la política vasca. El Concierto Económico constituye el nexo más sólido y duradero entre los vascos. Mientras el Estatuto era materia de controversia, e incluso la paz se convertía en tema para la especulación partidaria, el Concierto Económico se consagraba como una referencia intocable; casi como un tabú contra el que nadie podía decir nada. Al final se demuestra que el único valor que concita la práctica unanimidad de las formaciones parlamentarias en Euskadi es el de ser dueños de nuestras propias finanzas.
Al coincidir en el Concierto Económico más que en el marco legal que se requiere para preservar la convivencia y la libertad frente al terrorismo, los vascos nos retratamos por nuestros intereses materiales. Esto no tiene nada de particular, forma parte de la condición humana. Sólo que entre nosotros, incapaces de avergonzarnos por ello, la defensa del Concierto sigue presentándose como una misión sublime a la que deben entregarse todas las voluntades.
En estos momentos, en los que se dramatiza la situación que estaría atravesando el Concierto Económico, convendría preguntarse en qué medida la sociedad vasca se ha beneficiado de tan privilegiado sistema de financiación. Lo primero que habría que reconocer es que algo ha funcionado mal para que, a pesar del Concierto Económico, Euskadi haya perdido posiciones en el ránking de las regiones españolas. Por poner un ejemplo de actualidad, el gasto por alumno en nuestro sistema de enseñanza no se corresponde al rendimiento comparativo que obtiene en relación a otras autonomías.
Este ejercicio autocrítico no sólo resulta imprescindible para mejorar la administración del interés público en Euskadi; también serviría para relativizar la angustiosa llamada que el conjunto del arco parlamentario acaba de emitir en defensa del Concierto Económico. Para empezar, sería bueno que todos los que se han pronunciado a favor del mal llamado 'blindaje' del Concierto dediquen algunas palabras a aclarar que nuestro singular sistema de financiación no está en peligro. Que, si acaso, son las normas forales tributarias las que estarían sujetas a un escrutinio judicial ineludible en caso de que alguien se sienta perjudicado por las mismas. Esto contribuiría a desdramatizar el asunto del, insisto, mal llamado blindaje, y a la postre favorecería al propio Concierto. Porque no puede haber nada peor para éste que alimentar la sensación de que se encuentra en entredicho.
Imaginemos el autogobierno vasco sin el Concierto, imaginemos que hubiese tenido que atenerse al sistema común de financiación. Hubiera sido conceptualmente distinto, pero es probable que la ciudadanía vasca tampoco hubiese notado tanta diferencia. Imaginemos el Concierto sin el blindaje propuesto. No le ocurriría nada, sólo que las diputaciones no podrían mostrarse demasiado creativas en cuanto a los tributos concertado. De ahí que sea conveniente moderar el punto de partida de una iniciativa que puede resultar conveniente, pero no necesariamente crucial. Porque la insistente mención al blindaje del Concierto tiende a ocultar que, en realidad, no se trata de tal blindaje.
La proposición que las Juntas Generales de Vizcaya elevaron al Parlamento vasco y éste remitió a su vez a las Cortes Generales consiste en la modificación del articulado de dos leyes orgánicas, la del Tribunal Constitucional y la del Poder Judicial, para conceder al primero la potestad exclusiva de juzgar sobre los litigios que pudieran generar las normas forales tributarias. Lo sorprendente es que se hable de blindaje del Concierto cuando resulta cuando menos dudoso que el TC vaya a ser más condescendiente con las decisiones en materia tributaria de diputaciones y Juntas que el Tribunal Superior del País Vasco. La única consecuencia inmediata de tal modificación es que las normas forales serían tratadas como leyes, elevando así indirectamente el rango institucional de los propios órganos forales, y no podrían ser recurridas más que por otras instituciones, en ningún caso por personas jurídicas.
La proposición que el Congreso verá el próximo 13 de octubre fue aprobada por el Parlamento vasco en junio de 2007 nada menos. Su contenido eleva a categoría constitucional las normas forales tributarias, entendiendo que éstas emanan directamente de la Adicional de la Carta Magna y de su reflejo en el Estatuto de Autonomía. Es lógico que el conjunto de los partidos vascos consideren conveniente proceder a dicha modificación. Pero la trascendencia que el PNV trata de dar a la iniciativa está cargada de tal oportunismo que puede llegar a cuestionar la oportunidad de la misma. Especialmente en tanto que, al convertirla en condición para un eventual apoyo a los Presupuestos de Rodríguez Zapatero, resta argumentos de consenso para que, como resultaría necesario, la apoye el PP.
