El acuerdo de colaboración suscrito entre el Departamento de Interior y Eudel para erradicar de los espacios públicos la simbología que ensalza a ETA o humilla a las víctimas, constituye de entrada la expresión de la aplicación del sentido común en una materia tan importante para la convivencia y para el respeto y la solidaridad con las víctimas. La unidad de las formaciones políticas y la colaboración interinstitucional son factores imprescindibles en cualquier estrategia de deslegitimación social de la violencia. Puro sentido común que debería ser aplicado por aquellos nacionalistas-soberanistas que esperan al cese definitivo de ETA, sin contaminarse en el ínterin con el 'enemigo político', para que tras el día 'd', al fin, se pueda articular el bloque soberanista e iniciar la puesta en marcha de la estrategia de confrontación democrática con el Estado.
Puro sentido común que debería ser aplicado también por los llamados constitucionalistas, que con frecuencia han utilizado la cuestión de la protección y el respeto a las víctimas más como instrumento para la confrontación política y electoral con el nacionalismo que como elemento imprescindible para las políticas de deslegitimación del terrorismo. La misma instrumentalización que practicó el PP contra Zapatero, en época de tregua, cuando el presidente autorizó las conversaciones con ETA, y Mariano Rajoy le espetó solemnemente: «Usted ha traicionado a los muertos y a las víctimas del terrorismo».
Pero el acuerdo de colaboración, más allá de su contenido material, representa también la incorporación de una dosis de mesura, sosiego e inteligencia frente a la dinámica endiablada de desencuentros, confusión y disputa en la que nos habíamos instalado desde el verano hasta hace unos días. De entrada la mera firma sirve para confirmar la existencia de un objetivo compartido en torno a la necesidad de erradicar de los espacios públicos la simbología que enaltece el terrorismo. Pero junto a lo anterior el acuerdo puede servir para situar el objetivo de la deslegitimación en un escenario básicamente institucional, político y social, más que bajo un parámetro judicial-penal y policial.
Es obvio que se van a tener que producir actuaciones policiales y judiciales de orden penal, pero es importante activar y extender la respuesta del reproche político y social, que tiene en las entidades locales de orden institucional, cultural, recreativo, educativo y cívico los instrumentos para su articulación. Es fundamental distinguir con claridad lo que es merecedor de reproche penal de aquellas otras iniciativas que siendo objeto de condena y rechazo político pueden ser también objeto de prohibición y/o sanción administrativa.
Un ejemplo que ilustra este nuevo enfoque lo constituye la regulación que están estableciendo algunos ayuntamientos respecto de la autorización para la instalación de txosnas festivas y los requisitos para acceder a las ayudas. Asimismo, sería interesante que el acuerdo suscrito por Eudel fuera examinado y ratificado por cada ayuntamiento, dando a conocer a sus conciudadanos las líneas de deslegitimación a desarrollar en el respectivo municipio.
En un Estado de derecho no todo vale en la lucha contra el terrorismo, y mucho menos cuando nos enfrentamos ante un fenómeno tan singular como ETA. Tampoco vale limitar o prohibir derechos básicos como el de reunión o manifestación si no se acreditan debidamente más allá de la mera sospecha retórica la existencia de indicios claros para la comisión de un delito de enaltecimiento de terrorismo o menosprecio de las víctimas.
Exijamos a los representantes democráticos que desarrollen y concreten su estrategia para la deslegitimación política y social. Demandemos a los tribunales que determinen y fijen su doctrina sobre los límites y el alcance del tipo penal sobre el enaltecimiento del terrorismo y los actos de humillación a las víctimas. Con sosiego e inteligencia, sin atajos antidemocráticos, sin pasarnos cuatro pueblos, se va más seguro y sobre todo se va a donde uno quería ir.
