La Diputación y el Alavés son dos entidades condenadas a entenderse si se pretende la supervivencia del casi nonagenario club vitoriano, pero por el momento siguen sin encontrar el camino de la conciliación, al menos en cuanto a las formas. Fuentes de la institución provincial juzgaron ayer «nada seria» la gestión alavesista en los trámites previos a la ampliación de capital, uno de los puntos básicos para la viabilidad albiazul. Por ello se plantean ya solicitar un nuevo aplazamiento de la junta de acreedores fijada para el próximo 27 de octubre. Es decir, la cita donde el voto favorable de la Diputación es un requisito indispensable para cerrar un convenio que evite la liquidación inmediata del club vitoriano.
Como adelantó ayer EL CORREO, desde el Palacio de la Provincia se ha obligado al Alavés a elevar de 2,1 a 3 millones la ampliación del capital social. «Es que es un compromiso firmado por el propio presidente del Alavés en julio», sostienen fuentes forales. Las negociaciones entre el club vitoriano y la Diputación parecieron alcanzar un punto final antes del verano, pero la convocatoria de la junta extraordinaria de accionistas el pasado 17 de septiembre volvió a abrir una brecha entre ambas partes.
«Faltan 900.000 euros»
El Alavés anunció entonces que la ampliación de capital se fijaba en 2,1 millones de euros, con títulos a 60,10 euros. La parte no suscrita se iba a cubrir a través de un préstamo. La Diputación asegura que recibió esta información «con sorpresa y preocupación», dado que el pacto se había establecido para una cifra de tresmillones. «Es el dinero fijado en el plan de viabilidad y faltaban 900.000 euros que pueden ser claves para pasar esta temporada», apuntan.
La institución foral reclamó una reunión con el Alavés, donde le trasladó su malestar por la situación y le exigió elevar la cifra hasta los tres millones. Ayer, esperaban aún una respuesta de la entidad alavesista y criticaban la falta de comunicación por parte albiazul. «Lo mínimo es ponerse en contacto con nosotros», precisaban.
Prácticamente al mismo tiempo el Alavés concretaba su nueva ampliación de capital para cumplir con los requisitos forales. El club vitoriano la establece finalmente en 3,2 millones y se aprobará en una junta extraordinaria de accionistas convocada para el próximo 17 de noviembre. En la primera fase cada accionista dispondrá de la posibilidad de lograr, a 60,10 euros, tres títulos por cada uno que posea. Después el consejo de administración dispondrá de tres meses para ofrecer las acciones sobrantes a «abonados y terceros en general». La parte no suscrita se cubrirá con un préstamo.
La Diputación asegura que si el Alavés le comunica estas nuevas condiciones «las aguas podrían volver a su cauce», aunque el malestar provoca que la institución foral estudie pedir un aplazamiento de la junta de acreedores, que luego deberá aceptar o no la jueza de lo Mercantil. En dos ocasiones anteriores, una a petición de cada una de las partes, ya se ha aplazado.
La Diputación sostiene que necesita estudiar la documentación antes de dar el sí a un convenio que dejará reducida la deuda foral de 10,8 millones a la mitad y, además, anulará los privilegios de cobro. La posibilidad de venta de Izarra y el nuevo convenio también están en el aire.