CONTRATO CON CEMUSA
Gestiona un aval con los dos principales bancos españoles para resolver el contrato de Cemusa y quedarse con su mobiliario
Una de las marquesinas de Cemusa colocadas a partir de 2004. / IGOR AIZPURU
UN LARGO PROCESO
El Ayuntamiento de Vitoria mueve ficha para dar carpetazo al controvertido caso de las marquesinas. El Gabinete Lazcoz ha iniciado los trámites para llegar a un acuerdo económico con Cemusa, la empresa a la que rescindió el contrato del mobiliario urbano. Un fallo judicial declaró nulo el procedimiento por el que se le adjudicó la instalación de los cobertizos, así que el equipo de gobierno quiere compensarle por la inversión realizada, y por lo que dejará de percibir en publicidad en nueve años. Este periodo de tiempo es el que queda de duración para explotar la contrata.
Según ha podido saber EL CORREO, el Consistorio gestiona ya un aval de 3,5 millones de euros con, al menos, los dos principales bancos españoles: el Santander y el BBVA. Fuentes financieras aseguran que esta operación busca que la filial de FCC tenga «absolutas garantías» de que no se marchará de Vitoria con las manos vacías.
El interminable 'culebrón' de las marquesinas arrancó en 2001, cuando el gobierno PP-UA y el PSE -capitaneado entonces por Jesús Loza- acordaron convocar un concurso para que una empresa colocara gratis en Vitoria nuevas paradas de autobús, aseos, postes digitales y papeleras a cambio de explotar la publicidad de estos elementos.
El Mobiliario Urbano S.A. -Elmusa- presentó la oferta mejor valorada por los técnicos, que no llegó a adjudicarse. Los socialistas -liderados ya por Lazcoz- se desmarcaron del pacto tras acusar al PP de «ocultarles» que la ganadora podría llevarse el mobiliario tras los 14 años de contrato. El letrado jefe municipal advirtió de que una marcha atrás podría ser «contraria a derecho», aunque un informe jurídico de la Junta Asesora Administrativa del Gobierno vasco decía lo contrario. Pese a todo, PNV-EA, PSE, EH y EB unieron sus votos en mayo de 2002 para repetir el concurso. La licitación se la llevó al final Cemusa, que dejaría los muebles en la ciudad tras los 15 años de contrato.
La firma que iba a ganar el primer concurso, Elmusa, demandó al Ayuntamiento. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco le dio la razón en febrero de 2007 y declaró «nulo» el proceso. El Consistorio recurrió, pero el Supremo ratificó el fallo en mayo de 2008.
El varapalo jurídico no tenía precedentes en el Consistorio, lo que animó al PP a denunciar a Lazcoz por un presunto delito de prevaricación. Los jueces archivaron la querella al apreciar que la actuación del regidor fue «ilegal», pero no delictiva.
Cancelación
La situación obligó al alcalde a llegar a un acuerdo económico con la ganadora del primer concurso, Elmusa. Como no parecía posible, rescindió el contrato con Cemusa en diciembre del año pasado y se lo adjudicó a Elmusa, como exigía el juez. Pero Lazcoz anunció al final que cancelaría el encargo. ¿La razón? Que la empresa no se presentó a la rúbrica en la fecha acordada por ambas partes, el 6 de marzo.
A principios de agosto, la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a quien el Ayuntamiento había confiado la interpretación legal del conflicto, rechazó que se rescindiera el contrato con Elmusa.
Este dictamen era necesario, pero no de obligado cumplimiento, así que el alcalde optó por ignorarlo y revocó el contrato con Elmusa el 20 de agosto. El 18 de septiembre, los portavoces de la empresa anunciaron un recurso contra la decisión del regidor y exigieron que les dejaran colocar sus marquesinas o «una indemnización» que no cuantificaron.
¿Y Cemusa? El Gabinete Lazcoz ha negociado con la filial de FCC en los últimos meses con absoluta discreción. Los socialistas se han limitado a decir que es preciso «reintegrarle» la inversión realizada al poner las paradas de autobús. Ese dinero servirá para que Vitoria «se quede» con el mobiliario y busque a una firma que explote la publicidad. El objetivo final, reiteran los socialistas, es resolver el litigio «a coste cero».
Cemusa ha vuelto a acaparar todas las miradas en dos recientes concursos municipales. El Ayuntamiento acaba de encargarle el traslado de 144 marquesinas para poder estrenar las líneas de Tuvisa, algo que la firma hará por 524.708 euros. Además, la filial de FCC también pujó este mes por el contrato de alquiler de las bicicletas -450.000 euros en el presupuesto de 2010-, aunque su oferta fue rechazada por los técnicos.
i.cueto@diario-elcorreo.com
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