El alcalde de Vitoria se despojó ayer del pesado lastre de la diplomacia y dirigió su artillería de la manera más explícita hacia la patronal de la construcción. Acusó a algunos empresarios de cometer «abusos» en la gestión de las viviendas de protección oficial, de provocar la renuncia de muchos adjudicatarios por pedir anticipos inasumibles en tiempos de crisis -«de 25.000 ó 30.000 euros», dijo Patxi Lazcoz- y de retrasar la devolución de las cantidades adelantadas a quienes se ven obligados a renunciar.

Sus duras críticas las realizó como presidente del consejo de administración de la sociedad Ensanche 21, que gestiona la expansión urbanística de Vitoria, para responder a las demandas de los promotores sobre la VPO. La entidad municipal acordó ayer medidas para evitar estos, «por llamarlo amablemente, fallos del sistema», ironizó el alcalde. «No vamos a permitir que las empresas abusen de la gente que está en dificultades». En concreto, hay dos modificaciones sustanciales que atajarán los «abusos» de ciertos constructores: en primer lugar, los gastos de gestión que deban pagar a la empresa los que se vean obligados a renunciar a su VPO tendrán un límite de 150 euros. Además, la promotora les tendrá que devolver la cantidad adelantada en tres meses como máximo.

El asunto tiene su importancia si se tiene en cuenta que, según Lazcoz, hay constructores que piden «hasta 9.000 euros por gastos de gestión a gente que renuncia al piso porque no le dan la hipoteca o se ha quedado en el paro». Según los técnicos municipales, esa cantidad no puede ser superior a 150. Además, se han encontrado casos en los que el empresario supedita la devolución del dinero adelantado «a encontrar un nuevo comprador». Frente a ello, el alcalde invitó a las promotoras a tratar a los adjudicatarios de VPO «como personas y no como objetos».

La polémica se enmarca en un momento delicado. La patronal del sector del ladrillo en Álava, Uneca, reclama modificaciones en el modelo de VPO, que considera insostenible. Las reflexiones de los constructores se recogen en un documento conocido desde el pasado fin de semana, y que ayer se discutió en Ensanche 21. En el informe los empresarios exigen cambios sustanciales. Entre ellos, la reducción de cinco a dos años del requisito de empadronamiento para optar a un sorteo -y aumentar así el universo de aspirantes-, el inicio de las construcciones sólo cuando el 90% de los pisos estén vendidos, endurecer las sanciones por renuncia o instar a las administraciones a avalar a los compradores para que puedan acceder a una hipoteca. En caso contrario, el sector teme que ocurra con la VPO lo mismo que con la vivienda libre: promociones paradas y edificios vacíos. No por falta de aspirantes, sino por las dificultades que tienen para conseguir financiación.

Beneficios razonables

Ensanche 21 inició ayer «una reflexión» sobre el documento, y se pronunciará en el próximo consejo de administración de manera oficial. Sin embargo, Lazcoz no quiso esperar tanto para anunciar en nombre del equipo de gobierno que el escrito de Uneca, «en la mayor parte de sus pretensiones, no tiene cabida en la política de vivienda». Así que su gabinete «va a rechazar casi la totalidad de las peticiones por no responder al interés público».

Eso es ir varios pasos más allá que el lunes, cuando se limitó a rechazar de plano la reducción del requisito de empadronamiento de cinco a dos años. Así que se plantea un problema, ¿qué ocurrirá si las empresas ven inviable seguir construyendo VPO? «Si no les salen las cuentas tengo un listado infinito de empresas andaluzas, castellanas o del Levante que están locas por entrar a construir en Vitoria». Eso sí, matizó el alcalde, «con un beneficio razonable, no con márgenes del 30 y 40% como en los últimos diez años».

Menos paro en Álava

De hecho, Lazcoz fue más allá al recordar que «las constructoras de Álava sobreviven gracias a la VPO de Vitoria» y que la lista de parados en el sector en el territorio no es «ni comparable» a las del resto del país.

Las modificaciones acordadas ayer por Ensanche 21 se aplicarán a partir de la actuación en Aretxabaleta y Gardélegui, y no afectarán al sorteo del 30 de noviembre ni al de junio de 2010 -anunciado ayer-. Entre esos cambios se incluye uno que sí beneficia a los constructores: podrán pedir al adjudicatario del piso hasta un 1% mensual de su valor -frente al 0,5% actual- hasta que se entregue la promoción. De ese modo, se facilita que, una vez llegado este momento, haya desembolsado ya el 20% del precio y pueda acceder con menos problemas a la hipoteca.